Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) responsabilizó a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el “dislocar” el orden de los documentos depositados como medio de pruebas en el caso Odebrecht, e informó el inicio de una investigación para determinar consecuencias.
El supuesto “dislocamiento” de las pruebas originó que el pasado lunes el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional excluyera tres documentos, entre ellos el acuerdo de lenidad que la empresa delincuente hizo con las autoridades de Estados Unidos y Brasil.
La razón para la exclusión fue que dichos documentos no estaban traducidos del portugués e inglés al español.
“Nosotros iniciamos una investigación, porque el Ministerio Público no va a dejar eso así, y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias de esa situación”, dijo el fiscal José Manuel Marmolejos, al exponer en el juicio.
El Ministerio Público dijo que la Secretaría de la SCJ alteró el orden y desarmó las pruebas que en el expediente fueron depositadas.
Afirmó que las pruebas están distorsionadas y repetidas en el ordenamiento que hizo la Secretaría de la SCJ.
Este tema fue comunicado en momento en que el Ministerio Público solicitó al tribunal que se le permitiera leer los documentos traducidos al español de los delatores identificados en el caso Odebrecht como los “colaboradores 1 y 54”.
Ante el pedimento durante el juicio el tribunal dispuso que solo fueran leídos los documentos de dichos testigos que estén traducidos al español y consideró la petición como ya juzgada.
Aun después de la aclaración del tribunal, el Ministerio Público refutó para que se le permitiera leer no solo las delaciones de esos testigos que están en la prueba uno, sino también otras que, según dijo, están en otras partes del expediente, en razón de que fueron dislocadas y repetidas en la Secretaría de la SCJ.
La institución persecutora narró que en la SCJ se violó el orden de las pruebas, razón por la que los documentos aparecen en lugares diferentes en el expediente, lo que motivó a que se creyera que no estaban traducidos al español.
Al pedimento del MP se opusieron las barras de las defensas de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Conrado Pitaluga y Roberto Rodríguez y pidieron al tribunal que solo se permita leer los documentos traducidos al español que ordenaron en la audiencia pasada.
El juicio de fondo fue iniciado el 5 de noviembre del 2020, con la presentación de la acusación por parte de la PEPCA.
Hasta la fecha, el Ministerio Público ha logrado incorporar 538 pruebas documentales, que fueron confirmadas con la presentación de 21 testigos, entre ellos los principales ejecutivos de Odebrecht.
El caso Odebrecht es fruto de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países de América Latina, en el que se detalla que esa empresa realizó pagos de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobiernos de 12 países.
Estos fueron Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
