Una de las cuestiones más delicadas en el mundo de hoy es la privacidad de las personas, la cual se mantiene en constante amenaza de ser vulnerada, no solo por agencias del Estado, sino por particulares.
En un mundo tremendamente interconectado a redes de comunicación digital, se generan debilidades y se hace más complejo mantener a salvo la privacidad, no importa que se trate de personajes de relevancia o de ciudadanos de una notoriedad reducida.
Solo basta que a cualquier irresponsable que disponga de medios se le antoje hurgar en la vida de las personas, para que esta quede expuesta al conocimiento de todo el mundo.
Mediante estos mecanismos de intromisión se generan redes de chantajistas que extorsionan a quienes tienen algo que perder, aunque la supuesta “información” que manejan sea una cuestión formada.
Políticos, funcionarios públicos, empresarios y otros individuos de cierta prestancia social o reconocimiento público pueden caer en el momento menos esperado en estas redes que disponen de las herramientas de intromisión en la privacidad.
Es decir, cualquier ciudadano de cierta nombradía es una víctima potencial de la delincuencia ciberespacial, en la medida en que, desde hace décadas, el Gobierno se fue desentendiendo de su responsabilidad de conservar el monopolio de un aspecto tan sensitivo como es la inteligencia y la seguridad del Estado.
Lo que ha sucedido alrededor del controvertido contrato para la red semafórica de varias ciudades y el supuesto uso de la misma para montar estructuras de espionaje, propicia la oportunidad para que el Estado retome ese monopolio, realizando las investigaciones y desmantelando las agencias privadas que se involucran en ese asunto tan delicado y complejo, solo con la única intención de chantajear a las personas.
