Cuando el presidente de la República lanzó el reto a los partidos de oposición para que formularan propuestas de políticas para enfrentar la inmigración irregular, se asumía que era una cuestión bastante sencilla de lograr.
Y es que nadie les supone a las organizaciones opositoras al Gobierno un mínimo de intención contraria al éxito de las políticas públicas encaminadas a frenar la inmigración masiva de ciudadanos haitianos que ven en el lado oriental de la isla de Santo Domingo la posibilidad de mejorar su precaria situación material en su territorio.
En eso parece que existe claridad. Sin embargo, no siempre ha sido así.
Pero con el paso dado por el Ejecutivo de materializar la invitación a los ex presidentes de la República, no define un interés real de enfrentar el problema con el mayor consenso.
Es decir, lograr que la aplicación de las políticas oficiales referidas a la situación haitiana de nuestra parte, sea una cuestión nacional y no solo del Gobierno.
A este le corresponde implementar las políticas públicas por mandato del electorado, pero el concurso de quienes por su vasta experiencia tienen mucho que aportar, es altamente relevante.
Esperamos que surja lo que más convenga a la República Dominicana, no a un sector en particular.
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