Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Los interrogatorios la tarde de este viernes por parte del Ministerio Público al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y al secretario, Carlos Noé Tejada Díaz, en la apertura de una investigación contra los miembros del organismo fiscalizador del Estado“por obstruir la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales”, parecen advertir que la persecución a los robos al erario durante el pasado gobierno se llevará hasta las últimas consecuencias.
Álvarez Pérez y Tejada Díaz acudieron a la Procuraduría General de la República en horas de la tarde, por separado, y fueron interrogarlos, en condición de investigados, por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabeza el magistrado Wilson Camacho.
«Los funcionarios fueron citados a los fines de que declaren respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas», expresa un comunicado de la PGR.
La nota agrega que la presunta obstrucción consistió en impedir el suministro de los informes requeridos para las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas.
El organismo, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que dirige la magistrada Yeni Berenice Reynoso, se encuentra inmerso en múltiples investigaciones referentes a denuncias y querellas sobre irregularidades en distintas instituciones de la administración pública.
Al respecto, la Pepca dijo haber enviado varias comunicaciones en las que solicita información a la Cámara de Cuentas, pero al parecer sus miembros han respondido con evasivas.
Expresó el Ministerio Público tiene evidencias de que los interrogados han incurrido en manejos irregulares, “impidiendo el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias”.
Es en este aspecto que el Pepca interpreta que la actitud de integrantes de la Cámara de Cuentas “se constituye en obstrucción a la justicia y los convierte en objeto de investigación.
Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), es una obligación de los funcionarios públicos ofrecer la información requerida, cuya desobediencia es castigada según indica el artículo 188 del Código Penal Dominicano.
El pasado 11 de septiembre, el presidente Luis Abinader criticó con dureza lo que llamó deficiencia de la Cámara de Cuentas para hacer las auditorías en defensa del dinero del pueblo dominicano.
Minutos después del presidente externar sus críticas y acusarla de no haber hecho ninguna auditoría en los últimos años y de ser un organismo al servicio del PLD, Álvarez Pérez anunció que dimitiría del cargo.
Sin embargo, la directora de Transparencia, Milagros Ortiz Bosch, le pidió a Álvarez no dimitir para evitar que varios casos de corrupción que estaban en proceso fueran detenidos y retardar su conclusión.
Los miembros titulares de la CC desde hace varios años son señalados y acusados de hasta estar “apandillados” en el manejo de las auditorías, sin faltar las amenazas de ser enjuiciados en el Senado “por escasez de ética y prácticas de nepotismo”, inacción institucional y subida de salarios sin justificación.
