Entramado criminal que operaba desde 2012 deja al desnudo enormes huecos en los partidos
Por Juan Acosta R.
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Conforme al expediente acusatorio elaborado por el Ministerio Público (MP) en contra de varios encartados en la llamada Operación Falcón, la organización criminal que integra a posibles extraditables, habría iniciado sus operaciones en “hace unos nueve meses” (2012).
Ese dato pone en evidencia una fragilidad de los partidos políticos, que deja abiertas enormes posibilidades de que los delincuentes de cualquier naturaleza se les cuelen como candidatos o estos sean financiados por el crimen organizado.
El informe precisa que entre sus operaciones figura “el financiamiento de campañas políticas para lograr escaños en el Congreso Nacional, alcaldías y concejos municipales, con la finalidad de lograr incidencia y poder”.
Señala que uno de los presuntos cabecillas de la red de narcotráfico, al que identifica como Erick Randhiel Mosquea Polanco “financió de forma completa la campaña electoral del diputado perremeísta por Santiago, Nelson Marmolejos Gil”.
Indica que Mosquea Polanco habría invertido, “solo el día de las elecciones, más de RD$9 millones” y que otro implicado, el nombrado Lenin Torres Bueno, “invirtió RD$550,000”.
La revelación habría sido hecha por Torres Bueno, durante una conversación telefónica realizada el pasado 9 de julio de 2020, que es citada en el expediente del Ministerio Público.
Además, a la desmantelada red de narcotráfico y lavado de activos, se le atribuye haber realizado “operaciones ilícitas, las cuales se habrían intensificado desde el año 2017 según las evidencias obtenidas por el MP.
El órgano acusador precisa en el expediente que la red creó una organización criminal transnacional, dedicada a traficar cocaína de República Dominicana a Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.
Según sus cálculos, los imputados habrían traficado unos 2,500 kilos de cocaína semanales y que producto de esas acciones criminales, se han estimado inversiones de unos RD$10 mil millones.
Asimismo, que la organización criminal habría movilizado más de US$500 millones a través del tráfico de miles de kilos de drogas,
Características
Entre las características del entramado criminal se señala la colocación de fondos millonarios en empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, compra de vehículos de lujo, fincas, ganado, relojes costosos, entre otros.
De igual manera se le atribuye usar documentos con falsedades para ocultar el rastro de su origen ilícito, “comprando conciencias, lealtades e impunidad” e involucrando a decenas de personas, “algunas que ostentaron cargos públicos”.
Asegura que los inculpados fueron ayudados “por sujetos obligados, que obviaron su rol al servir a la estructura criminal, como abogados, entidades financieras y contadores públicos autorizados”.
Las pruebas
Las pruebas que dice el MP sustenta el expediente, “fueron logrados tras esfuerzos en conjunto de los organismos de investigación y persecución nacionales e internacionales”.
Entre otras entidades, cita la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal de Santiago, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y la estadounidense Administración de Control de Drogas (DEA).
Juez especial
El fin de semana, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios legisladores están vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico, asegurando que oportunamente informará a la “sociedad los nombres de los legisladores involucrados”.
En esa dirección, la funcionaria adelantó que este lunes el Ministerio Público solicitaría ante la Suprema Corte de Justicia, la designación de un juez especial que lleve el control del proceso, por tratarse de una jurisdicción privilegiada.
Los acusados
No hay duda de que esta embestida de las autoridades contra el tráfico de sustancias prohibidas y el lavado de recursos procedentes de la citada actividad ha sido la mayor en la República Dominicana.
Se trata de 21 personas, arrestadas en más de cien allanamientos simultáneos que tuvieron lugar entre el miércoles y el sábado de la semana pasada, en el Distrito Nacional y varias provincias.
Como líder del entramado, se cita a Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, los que al parecer lograron evadir su apresamiento, sin que hasta este lunes las autoridades conozcan su paradero.
Los otros implicados son el exdirector de Comunidad Digna y exdiputado, Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder), aunque el decreto lo señala como suspendido en sus funciones. También, María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli o La Princesa).
Otro investigado es, aunque no fue detenido por la inmunidad que le protege, es el actual diputado perredeista Héctor Féliz (Pirrín), al que se le acusa de recibir un millón de pesos entregados por De la Cruz Morales
La magistrada Yeni Berenice declaró que Féliz trató de transportar a un extraditable del caso Operación Falcón (refiriéndose a Maldonado Castro) con lo que entiende pretendía impedir que fuera arrestado, versión que fue rechazada por el legislador, quien aseguró que este lunes se presentaría a la Procuraduría General.
Entre las conversaciones revisadas se mencionaron las sostenida el 29 de mayo de 2021 por Víctor Elpidio Paulino Herrera (El Gordo), quien era chofer del exdiputado Maldonado Castro y contable personal de De la Cruz Morales.
PRM se resguarda
En otro aspecto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) emitió este domingo un comunicado en el que respalda las acciones tomadas por el gobierno para impulsar la consolidación del Ministerio Público independiente.
Afirmó que como “nunca antes, se había librado tan contundente lucha contra la impunidad” en el país.
