De un tiempo a esta parte, el inicio del año escolar plantea a los padres y madres de estudiantes de las escuelas públicas un serio dolor de cabeza, que va más allá de la natural preocupación por dotarlos de útiles escolares.
Esta parte de la preocupación concierne más quenada a los progenitores de alumnos de los colegios privados, ya que en los planteles públicos se dota a los alumnos de ese equipamiento que consiste en uniformes, mochilas, cuadernos, libros y lápices,
Ha sido un avance enorme en beneficio de las clases más necesitadas que han visto desaparecer de sus escasos recursos la obligación de atender este requerimiento prioritario de los muchachos y muchachas en edad escolar.
Sin embargo, el quebradero de cabeza ahora se traslada a la incertidumbre de si habrá cupo en las escuelas públicas, debido a una serie de precariedades estructurales que generan estas dificultades.
Pero el punto más complejo se tiene en la gran cantidad de estudiantes haitianos que ha venido ingresando a las escuelas públicas sin derecho para hacer, pues se trata de hijos de extranjeros en condición migratoria irregular.
Si bien la educación inicial es un derecho universal, cada país está en la obligación de cumplirlo en beneficio de sus ciudadanos, pero en su territorio.
Desde hace bastante tiempo se ha venido reclamando que los cupos esenciales deben ser garantizados a los estudiantes dominicanos, pues el derecho primario les corresponde a ellos.
De modo que, dejar escolares dominicanos sin acceso a las aulas para ceder ese espacio a extranjeros irregulares, no parece una acción correcta de las autoridades educativas.
Por esto, resulta alentador que tanto el presidente de la República como el ministro de Educación hayan garantizado que este próximo año escolar se dispondrá de las suficientes aulas para que ningún dominicano se quede sin acceso a la enseñanza básica.
