La iniciativa de ley que se dio a conocer este lunes en el Palacio Nacional, tendente a la adecuación de las normativas de prensa y medios de comunicación en la República Dominicana es una excelente idea que merece el respaldo unánime del sector.
Para empezar, viene a cubrir los huecos existentes entre el momento en que fueron adoptadas las legislaciones vigentes y la actualidad, entre los que se ha creado una enorme laguna legal que afecta la buena convivencia comunicacional, si cabe el término.
Es decir, cuando hace mucho más de medio siglo fueron aprobados, los instrumentos vigentes jugaban su papel, puesto que de alguna cubrían las necesidades regulatorias de entonces.
Sin embargo, transcurrido ese tiempo, dichos estatutos quedaron ventajosamente rebasados por el surgimiento de nuevas formas de expresar las ideas, ejercer la comunicación de masas en sentido general y el uso de las nuevas herramientas.
Y es aquí, entre otros aspectos, donde radica la relevancia de que esos instrumentos sean adecuados, pues la proliferación de herramientas comunicativas, de interacción social y periodística han desbordado incluso la convivencia civilizada, en la medida en que más personas, con poco o ningún criterio ni responsabilidad, se ha hecho de un espacio para emitir opinión, desinformar, e inclusive, atacar la honra de otras personas sin consecuencia.
Nadie aboga por la censura, y menos aún, por la persecución por el solo hecho de criticar mediante el uso del derecho a la información y la opinión.
Esa es una cosa, con la cual nunca podríamos estar de acuerdo, ya que se trata de derechos ganados con mucha lucha.
Pero otra cosa bien distinta es actuar con mala fe en el ejercicio de esa prerrogativa de alcance colectivo.
En fin, apoyamos la iniciativa dada a conocer, y esperamos que su eventual aprobado por el Congreso Nacional sirve para enriquecer el Estado de derecho.
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