OISOE llegó a su fin luego de 35 años de cambio de nombre, escándalos por corrupción y suicidio
Por Juan Acosta R.
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Tras 35 años de polémica existencia y algo más de un año de que un aspirante a dirigir el país adelantara que le desaparecería del organigrama del gobierno central, este jueves 12 de agosto ese vaticinio se hizo realidad: La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) es cosa del pasado.
Creada el 15 de diciembre del año 1986, mediante el decreto 1261-86, entonces con el nombre de Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, bajo la dependencia directa del presidente Joaquín Balaguer.
La única encomienda era supervisar los trabajos de construcción del Faro a Colón, con miras a la celebración de los 500 años del Descubrimiento y Evangelización de América, en 1992”.
Sin embargo, al año siguiente, el 25 de noviembre de 1987, fue emitido el decreto 590-87, con el que se creó entonces la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo.
A esta “misma” entidad, pero con nombre diferente, se le agregaron otras responsabilidades, como la de supervisar “la construcción de proyectos de infraestructura para beneficio de las comunidades”.
Esas obras fueron identificadas desde el principio: “la construcción, remodelación, reparación y cubicaciones de pagos de obras realizadas por el Estado”.
Luego se mantuvo con ese mismo propósito durante 13 años, cuando se produjo su última adecuación, con cambio de nombre y todo, mediante el decreto 446-00, justo del día de juramentación del presidente Hipólito Mejía -16 de agosto del año 2000.
Dicho mandato presidencial dispuso “que todas las responsabilidades y bienes asignados a la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, quedarán a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo”.
Gran poder
El poder económico de OISOE sobrepasó todo cálculo imaginable y con él, sus principales funcionarios, desde donde se forjaron grandes fortunas sin ser investigadas, aunque el rumor generalizado los denunciaba.
La historia de malversación e injusticia se conocieron durante el tiempo que estuvo activa, llegando a sustituir en acciones y presupuesto al órgano encargado por la Constitución de realizar las obras estatales.
Obras Públicas, de hecho, pasó a ser una especie dependencia de la OISOE, al dejarse prácticamente solo la responsabilidad de asfaltar las carreteras, caminos vecinales y calles construidas por el ahora desaparecido organismo.
Para que se tenga una idea del caudal que administraba el que fuera director de la “constructora del Estado”, que su presupuesto correspondiente al pasado año (2020) ascendió a la extraordinaria suma de RD8,679,779,575 millones.
La nómina era de apenas 481 empleados a nivel nacional.
Un hecho que llamó la atención que en el citado año solo para remuneraciones de su personal esta entidad presupuestó, 946,955,758 pesos, y otros 103,090,154 solo identificados como sobresueldos, de acuerdo a informaciones de su presupuesto de gastos colgado en su portal de internet.
Llegó su fin
Ante los permanentes escándalos de “inconductas” y abusos de sus altos cargos contra, especialmente, humildes ingenieros y arquitectos favorecidos con la ejecución de una obra, por concurso o rifa, su fin fue anunciado el 21 de julio del 2020.
El entonces presidente electo Luis Abinader declaró que, una vez iniciara su mandato, la OISOE sería eliminada. Más de un año después, el ahora mandatario cumplió con su promesa, con el decreto 497-21, para “la reestructuración y eficientización del Estado».
Posiblemente el último titular de OISOE, el ingeniero Francisco Pagán no fue el que más se favoreciera de su cargo, como consigna el expediente Antipulpo, que le envió a la cárcel de Najayo-Hombre.
Según el Ministerio Público, todos los acusados formaban parte de un entramado que defraudó al Estado dominicano con casi cuatro mil millones de pesos.
Otros señalados
Previamente, también fueron acusados el actual senador de la provincia San Juan, ingeniero Félix Bautista, por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la OISOE, pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia, donde el legislador fue favorecido con un auto de No A Lugar.
También fue señalado el ex senador de la provincia Duarte, ingeniero Hernani Salazar, por el prominente jurista Vinicio Castillo Rodríguez, quien fue sometido de difamarlo y condenado al pago de un millón de pesos a favor del reclamante.
El suicidio
El caso más sonoro y lamentable fue el suicidio en el 2015, del arquitecto David Rodríguez García, quien ganó mediante rifa, la construcción de una escuela en la provincia Monte Plata.
Su inmolación destapó la existencia de una real o supuesta red de corrupción que se había enquistado en la OISOE, agobiado por las deudas que le habrían inducido a incurrir la mafia “prestamista” que allí operaba.
Por casualidad del destino, antes de quitarse la vida Rodríguez García escribió una nota en la que hacía constar que estaba siendo extorsionado por mafias dentro de la institución.
“Me dejé llevar de promesas por parte de Joel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposible de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo”, expresaba la nota.
En 2017, sólo cuatro empleados fueron condenados entre seis y cinco años de prisión, acusados de extorsión, asociación de malhechores y lavado de activos.
Los condenados fueron Alejandro Isidoro de los Santos, quien era el encargado del departamento de edificaciones escolares de OISOE, a seis años y Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Ernesto Romero Pérez, a cinco años.
¿Sólo ellos?
Pese a las condenas penales del grupo antes señalado, luego de un año y medio de trabajo de investigación por el Ministerio Público, además se señaló al exdirector OISOE, Miguel Pimentel Kareh y al exdirector técnico, José Florencio, como partes de la presunta mafia que impera dentro de la institución.
Empero, la Procuraduría Especializada en Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) los excluyó alegando que estarían en una investigación al margen de la muerte del arquitecto, la cual hasta el momento no se ha iniciado o no se ha dado a conocer.
