Embargo a cuentas sorprende al ministro de Agricultura; dice nada tiene que ver” con demanda
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El ministro de Agricultura, Límber Cruz, se desligó este jueves de una demanda que cursa en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por daños patrimoniales supuestamente causados por el funcionario.
Según declaraciones ofrecidas por el funcionario a Listín Diario, se enteró del caso la tarde de este miércoles, por lo que envió a sus abogados a investigar, ya que además, los demandantes manifestaron su intención de embargarle sus cuentas personales y “nosotros no tenemos nada que ver”.
El funcionario indicó que esta es una situación que se viene arrastrando de la gestión pasada del Ministerio de Agricultura, por lo que le garantiza al pueblo y al todo el que le interese, que no guarda relación con las acusatorias.
Agregó que esa demanda patrimonial le hubiese tocado a cualquiera que estuviese al frente del ministerio porque ya él conocía que había un problema que se venía arrastrando.
Aseguró que cuando sus abogados le emitan un informe llamará al representante de la contraparte, Ángel Lockward, para preguntarle directamente sus justificaciones porque “él puede embargar cosas de Agricultura, pero no personales, que él sabe que no tengo nada que ver con eso”.
“Parece que eso se estila por el tema de la continuidad del Estado, pero yo le garantizo a usted que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Los abogados quedaron de hacerme un reporte”, dijo Cruz.
De acuerdo con declaraciones del abogado Lockward, en virtud de una demanda patrimonial que cursa en el TSA, las cuentas bancarias de Cruz fueron embargadas en el Banco de Reservas y en el Banco Popular por las sociedades comerciales Casa Chepe, Alianza Agrícola, Comercializadora Agroempresarial y Panificadora Reyna, entre otras.
Agrega que Estado, a través de la Comisión de Importaciones Agrícolas, en virtud del Decreto 569-12, fijó mediante Resolución 01-20, la cuota de importación de ajo para el año 2020-2021 en la cantidad de 150,000 quintales y valoró las licencias para esa importación en la suma de RD$1,030.5 millones que fueron pagados al Tesorero Nacional, a través de la Bolsa Agroempresarial.
Critica “la emisión de permisos por otros casi 100,000 quintales, al margen del decreto y de la Resolución de la Comisión, es decir, sin la participación del ministro de Industria y Comercio y del director general de Aduanas, los otros dos miembros de la Comisión”.
Resalta, que debido a lo anterior, quedó sin valor económico “las licencias otorgadas por el Estado para la importación del contingente de ajo, en violación al principio de legalidad, norma previa y confianza legítima que regula la Administración Pública”.
