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Ministros en campaña siguen violando como si nada la Ley 41-08 de función pública

Redacción/ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, podría ser destituido del cargo por violar el acápite 13 del Artículo 79 de la Ley 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, por “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones”.

Según reseñan varios medios de comunicación, “el coordinador nacional del Sector Externo con Gonzalo, Donald Guerrero, juramentó la directiva provincial, quienes se comprometieron a trabajar para lograr la victoria en primera vuelta del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo y de esa manera pueda continuar el progreso en el país”.

“Durante la juramentación, Guerrero manifestó que Gonzalo es el candidato ideal para las circunstancias actuales, porque demandan de un nuevo liderazgo con la responsabilidad social y compromiso de trabajo que solo tiene el candidato presidencial del PLD”.

El acápite y artículo citado precisa que los funcionarios del gobierno tampoco pueden “organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines”.

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Tampoco, utilizar con este objetivo “los bienes y fondos de la institución; requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros.

El 12 de septiembre último, antes de las primarias internas del PLD, el presidente Danilo Medina conformó un equipo nacional de campaña en apoyo al precandidato presidencial Gonzalo Castillo, para el que integró a funcionarios de todos los niveles y varios precandidatos presidenciales.

La JCE investiga

Previo a la celebración de las suspendidas elecciones municipales de febrero, el director nacional de Elecciones de la JCE, Mario Núñez, anunció que la entidad realizaba un informe sobre las denuncias presentadas contra varios funcionarios designados o electos que intimaba a subalternos a votar por candidatos oficialistas.

Entre los denunciados se citaron la alcaldesa del municipio de esperanza, Ana Jacqueline Peña Sánchez y Marino Collante, director del Departamento Aeroportuario, el senador de la provincia Sanchez Ramírez, Félix Vásquez y la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba.

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El Artículo 286 de la Ley Orgánica de Régimen electoral 15-19 establece como delito el coartar el derecho de elegir, lo que es castigado “con reclusión de un mes a seis meses y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público”.

Esas penas se aplican a los que tengan bajo sus órdenes o a sus servicios “empleados, trabajadores y otros individuos con derecho a elegir, incurrieren en despedir o amenazar con despedir o imponer cualquiera de estos una pena o rebaja de salario o de jornal o de otra prestación”.

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