Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Varios economistas y entendidos coincidieron en la necesidad de revisar el gasto público, el alto nivel de la evasión fiscal, el abultamiento de la nómina pública y el impacto negativo de la propuesta de reforma que ha presentado el Poder Ejecutivo sobre sectores productivos como el turismo, la industria y el cine.
Los panelistas Jaime Aristy Escuder, Mercedes Carrasco, Magín Díaz, Luis Alberto Rodríguez y Germania Montás abordaron el tema en el encuentro titulado “Diálogo fiscal: Desafíos y oportunidades”, auspiciado por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien fungió como moderador del foro.
También expusieron el ex viceministro de Hacienda de Colombia, Luis Alberto Rodríguez, quien reconoció que las reformas fiscales son necesarias para el desarrollo económico de los países.
El encuentro se basó en el proyecto fiscal sometido por el Gobierno dominicano al que consideraron debería incluir un sistema de compensación amplio para los sectores más afectados.
Los entendidos consideraron que algunos gravámenes consignados en la reforma podrían llevar a la evasión fiscal y el contrabando, la cual es muy alta en la República Dominicana puntos que las autoridades prometen que combatirán con la pieza.
“Una cosa por mejorar es la compensación. Yo creo que tiene que ser un imperativo que ustedes, que están en el Poder Legislativo, insistan en que la compensación sea más amplia, sea de mayor proporción con respecto a los de menores ingresos y que tengan un mecanismo más evidente no solo a través de los programas existentes”, expuso Rodríguez.
Dijo que en su condición de viceministro de Hacienda en Colombia, participó en la elaboración de la reforma fiscal de su país. Con respecto a la evasión fiscal y contrabando que podría producir la normativa, puso como ejemplo el caso de los cigarrillos y las bebidas alcohólicas.
Planteó también que el proyecto de Modernización Fiscal del Gobierno contempla la eliminación de incentivos a sectores que han sido pilares para el crecimiento económico que ha exhibido la República Dominicana por años, entre los que citó el turismo, la construcción, inmobiliario.
El proyecto busca recaudar más de RD$122 mil millones para invertirlos en sectores como el de salud, seguridad ciudadana, modernización de la Policía Nacional, aumento del salario mínimo para el sector público de RD$10,000 a RD$15,000 y en un incremento de la tarjeta Aliméntate.
Algunos de los puntos que establece la propuesta apuntan a eliminar los incentivos al sector turismo, exenciones a la Industria y los de Proindustria, entre otros, además de gravar alimentos que no están cargados con el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis).
En ese aspecto, Aristy Escuder considera que es necesario reducir la evasión fiscal y mejorar la recaudación, “pero sin sobrecargar a los contribuyentes formales”, al tiempo explicar que es importante compensar la recaudación de impuestos “con una buena política de gastos públicos”.
Sin embargo, criticó que lo que se ha observado en los últimos años es que este renglón se ha ido deteriorando.
A su juicio, si los recursos que se recaudan se logran invertir tanto para los segmentos más vulnerables y al mismo tiempo en infraestructuras que permitan un aumento del empleo y la generación de ingresos, “se podría amortiguar significativamente e incluso hacer que la intervención fiscal sea progresiva”.
De su lado la economista Montás entiende que no es una buena idea eliminar incentivos como plantea la reforma fiscal, considerando que deben existir mecanismos para que al eliminar estos privilegios se resuelva un problema real de la inversión.
Aseguró que las exenciones han jugado su rol durante décadas y que la iniciativa que cursa en el Congreso “sin ni siquiera mirar en detalle su contenido, ni cómo se pueden abordar las distorsiones del sistema tributario y cómo eso impactaría la inversión, no es una buena idea”.
