Ven buenos deseos de cambios planteados por Abinader en diciembre siguen siendo promesas

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Las expectativas creadas por el presidente Luis Abinader en la segunda semana de diciembre pasado con su discurso anticorrupción han ido desvaneciéndose con el paso de los meses, por la constante aparición de “ruidos” de su administración, la anterior y por efecto de la naturaleza.

Tal vez las pretensiones fueron exageradas, por la situación que se vivía en el momento local e internacionalmente, ya que se centró en el “Compromiso por la Transparencia, Integridad y Transformaciones Institucionales”, que en ese momento eran el foco de atención por las irregularidades denunciadas.

En él enunció una serie de medidas y reformas institucionales que introduciría durante el período que acababa de iniciar cinco meses antes, pero además trató de inyectar esperanza de bienestar, en medio de la paralización de casi todas las actividades públicas y privadas.

Definiéndose como un “un fiel convencido de que uno es lo que hace y no lo que dice”, se comprometió a que en el futuro, la República Dominicana “jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder, o de un partido político concreto”.

En ese sentido, expresó que luego de un análisis integral del marco normativo e institucional que rige la gestión y fiscalización del patrimonio público, la transparencia y la persecución de la corrupción administrativa, había advertido sus carencias y omisiones.

Por eso, propuso la elaboración de un cuerpo coherente de leyes que permitirá, no solo modernizar sus bases sino mejorar su eficiencia.

“Perseguiré en los próximos meses una pronta aprobación de una legislación penal moderna y coherente que sancione los complejos patrones delictivos asociados a la corrupción administrativa”, adelantó.

En ese mismo orden de ideas, se comprometió a trabajar para que los procesos de compras y contrataciones públicas se desarrollen en un marco de total transparencia, estandarización y eficiencia.

Para ese propósito, señaló que la Dirección General de Contrataciones Públicas, en su condición de órgano rector del sistema, “estará desarrollando políticas, normas y nuevos documentos estándares para las contrataciones públicas”.

El objetivo principal de la medida era la de mitigar los riesgos, adoptando medidas conforme a los estándares internacionales de transparencia y eficiencia asegurando la competitividad.

Estas medidas preventivas y de fortalecimiento de las contrataciones públicas, incluían el desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana preventiva y reactiva, “diseñado e implementado desde la DGCP que permitirá el monitoreo en tiempo real de los procesos de contrataciones públicas”.

Sin embargo, se han detectado varios casos de violación a esas normas, la mayoría de los cuales esperan las sanciones correspondientes.

Enmiendas legales

En su discurso, el gobernante informó que procuraría la modificación de la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones de carácter público.

En este sentido anunció la Creación de una subdirección antifraude, dependiente de la Contraloría general para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno.

Igualmente, dijo que impulsaría la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control.

El objetivo era procurar también que se realzaran las auditorías periódicas de rigor, debiéndose dar publicidad a los resultados de estas dentro de los 60 días de realizadas.

Además, que en los primeros meses del año en curso, apoyaría a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos.

Consideró que de esa forma se fortalecerían las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República, de modo que los llamados «barrilitos» sean eliminados de manera definitiva.

También esta oferta ha quedado olvidada, debido a la “autonomía” administrativa que tiene el Poder Legislativo en el manejo de su presupuesto, aunque violen la ley de aprobar leyes para beneficiarse.