El presidente de la República, Luis Abinader, ha decidido retirar del Congreso Nacional el proyecto de ley de modernización o reforma fiscal, para tratar de conseguir el consenso necesario que permita al Ejecutivo la aprobación de una legislación sin dificultades.
De antemano se sabe que eso no será fácil, pues de por medio están muchos intereses, tanto económicos como políticos.
Pero como dijéramos en un comentario anterior, desde que los seres humanos adquirieron la capacidad de comunicarse entre sí, la palabra ha sido una de las armas más efectivas para resolver conflictos existentes, y más fuerte aun, para evitar que surjan.
Nada extraordinario habría en que el presidente de la República y su equipo escuchen a todos los sectores que se sienten tocados por la reforma fiscal que el jefe del Estado ha presentado al país.
De hecho, había sido el propio mandatario quien se mostraba abierto a ese diálogo, lo cual es un síntoma bastante alentador en procura de que la reforma pudiera ser de verdad consensuada.
El problema radica en que nadie quiere asumir el costo de la reforma. Cada sector dice estar de acuerdo porque es necesario que el Gobierno disponga de más recursos, siempre y cuando la misma recaiga sobre otros.
Y así la hipocresía vestida de sinceridad se va extendiendo de sector en sector, hasta quedar en el limbo quién finalmente pagará los recursos fiscales que el Estado necesita captar.
Las puertas del diálogo que ha abierto el presidente Abinader debería dejar clara esta cuestión, que parece algo tan ilógico como impracticable, pues alguien tiene que asumir el costo.
