Hace unos meses una agencia de las Naciones Unidas alegó que muchas de las armas y municiones que reciben las bandas criminales que han sembrado el caos y la inseguridad en Haití, eran suministradas desde la República Dominicana, con lo cual se pretendía arrojar lodo sobre la reputación internacional de este país.
En la ocasión, el canciller dominicano desmintió categóricamente la especie, señalando que nuestro país no produce ni comercializa armas de fuego, razón por la cual no podía ser responsable de semejante hecho.
El desmentido del canciller Álvarez encontró eco en el embajador de Rusia en la ONU, quien recalcó que las armas de los delincuentes haitianos eran traficadas desde la Florida en los Estados Unidos.
Tanto el desmentido del canciller como el respaldo del enviado ruso sirvieron para acallar las habladurías, y del caso de las armas de origen dominicano no se volvió a hablar.
Sin embargo, con ocasión del desmantelamiento de una banda interna de la Policía Nacional que robó casi un millón de municiones y otros pertrechos de esa institución, se ha revivido la cuestión, lo que nos deja muy mal parados frente a la comunidad internacional.
El señalamiento del Ministerio Público, en el sentido de que la mayoría de las municiones sustraídas en la Policía cayeron en manos de los pandilleros haitianos.
En consecuencia, los integrantes de esa banda que robó el material en la propia Policía, tienen que ser sancionados severamente, pues ellos han llenado de escarnio el nombre de su propio país aprovechando su acceso al departamento correspondiente en el mismo Palacio policial.
Debe ser una sanción que sirva de ejemplo para todo el cuerpo policial para disuadir a quienes pudieran estar fraguada una acción similar. Ese lodo sobre el buen nombre de la República Dominicana solo se lava con muchos años de cárcel para los presuntos autores que resultaren culpables.
