Colaboración/elCorreo.do
Perspectiva: En dos entregas anteriores nos referimos a la incursión de élites económicas en la agenda política nacional. Pretenden trazar desde sus particulares intereses las reformas normativas que le permita incrementar su poder e influencia en la conformación de las instituciones democráticas, colocando en un plano secundario a las organizaciones políticas.
Su relato está centrado en la falta de transparencia con que opera el sistema de partidos políticos. Empero, con la publicación de los Papeles de Pandora, ha quedado de manifiesto algunas empresas y empresarios dominicanos buscan refugios opacos para eludir sus obligaciones fiscales e incrementar sus ganancias; valiéndose de las ventajas ofrecidas por paraísos fiscales, en los cuales las prácticas de transparencia son inexistentes.
Para fines explicativos conviene describir las particulares de un paraíso fiscal. “Un paraíso fiscal es un país o territorio que ofrezca los atractivos y características siguientes:
Inviolabilidad del secreto bancario; cuentas cifradas y anónimas; se requiere de poca o ninguna identificación para efectuar operaciones; uso de instrumentos monetarios pagaderos al portador; no existe monitoreo de efectivo al entrar y salir del país; reglamentos laxos y sistemas financieros no bancarios, muy bien establecidos; tipificación limitada o inexistente del lavado como crimen.
No hay requerimientos sobre las instituciones financieras de que registren las transacciones importantes en efectivo, ni que informen sobre operaciones sospechosas. Limitada capacidad gubernamental para confiscar bienes. Aceptación de transacciones en cualquier tipo de moneda; limitados controles bancarios y monetarios; alto volumen de transferencias interbancarias de efectivo e instrumentos monetarios.
Gran parte de las transacciones se inician fuera del país o territorio que es un paraíso fiscal; la mayoría de las entidades financieras son controladas por no residentes; posibilidad de establecer sociedades de fundación instantánea; excelente plataforma electrónica; ubicación geográfica que facilite los viajes de negocios de ida y vuelta, desde países vecinos ricos”. (Aspectos dogmáticos y criminológicos del lavado de activos. Escuela Nacional de la Judicatura y USAID, 2005; pp. 237-238).
Así las cosas, la utilización de un paraíso fiscal por parte de personas físicas o jurídicas está intrínsecamente asociada al anonimato e inexistencia de controles en esos sistemas financieros. Implica la voluntad expresa de ejecutivos para ocultar bienes e incrementar lucros, abarca la contratación de despachos jurídicos, asesores financieros y contadores, previo a la selección del territorio más atractivo.
En efecto, la decisión de valerse de ese sistema de algunas empresas y empresarios nacionales, entre los cuales figuran funcionarios públicos, amparados en sociedades offshore, erosiona la confianza pública. Empeora por la presunción razonable de que contratistas y suplidores del Estado se encuentren cobijados bajo ese manto de opacidad. Cabe recordar, algunos de estos aparecieron en los Papeles de Panamá.
Además, afianza la sensación de que los grandes empresarios tienen licencia para evadir sus obligaciones frente al fisco, sin consecuencias. Robustece el criterio de que la carga tributaria está inclinada excesivamente contra aquellos sectores que carecen de los medios y el poder fáctico para recibir un tratamiento equitativo o evitar la imposición de obligaciones fiscales.
Se añade, algunos grupos económicos con capacidad para financiar campañas electorales, utilizan mecanismos de coacción para obtener incentivos y exenciones fiscales, adoptados a favor de negocios altamente rentables como el energético.
Así, a pesar de esa incontrovertible realidad, no se evidencia voluntad política de transparentar el patrimonio encubierto en transacciones en paraísos fiscales, para determinar en forma concluyente si efectuaron el pago de los impuestos locales. La escasa alusión a los Papeles de Pandora se limita a quienes ocupan posiciones en el Estado, quienes afirman cumplen sus obligaciones frente al fisco, manteniendo fuera del debate los capitales de élites económicas por su enorme influencia en la agenda pública.
Al contrario, conforme a un documento oficioso puesto a circular sobre la propuesta de reforma fiscal, se aprecia suficiente poder de esas élites para incidir en su diseño, puesto que permitiría preservar la mayoría de las ventajas impositivas actuales.
Evidentemente, la integridad empresarial de esos sectores está en serios cuestionamientos para pretender orientar la reforma fiscal esbozada en detrimento de la clase media, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas.
En el actual contexto, la reforma fiscal tiene que estar precedida de una efectiva transformación del gasto público, una amplia revisión del gasto tributario y un profundo escrutinio sobre las transacciones extraterritoriales y los activos en paraísos fiscales de empresas y empresarios. Para superar la inequidad y garantizar la transparencia, debe ser discutida en conformidad a lo previsto en la Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo.
