PC pide al presidente suspender propaganda violan su propio decreto y las leyes 33-18 y 20-23
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó haber observado que el Gobierno mantiene propaganda gubernamental que viola el decreto 1-24, así como las leyes 33-18 de Partidos Políticos y la 20-23 de Régimen Electoral y sus disposiciones al respecto del artículo 206-211.
La entidad de la sociedad civil, puso como ejemplo de las violaciones en la que incurre el gobierno, está la promoción “Chequéame tu”, la que paga páginas y portadas de periódicos con una serie de informaciones de “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral.
También, que el Ministerio de Agricultura pasa de manera frecuente en diversos programas y medios de comunicación radiales y televisivos, un anuncio en el que sale el ministro Limber Cruz y otras personas, con fotos del presidente Abinader, agradeciendo el apoyo que éste ha dado a la producción alimentaria.
Otra muestra de estas violaciones es el anuncio a página completa en algunos periódicos promoviendo el crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas.
En las redes sociales, el Gobierno está promoviendo el plan “Más Salud y Esperanza de Vida”, donde se atribuye el mérito de “elevar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus.”
La institución dijo apelar a la voluntad del gobernante, quien se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales, al tiempo de llamar a la intervención de la Junta Central Electoral (JCE).
Dijo que la JCE puede hacer uso de la facultad que le otorga la Ley 33-18 para “tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello la fuerza pública.”
La Ley No. 33-18, de Partidos Políticos, “prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales.”
El Decreto 1-24 regula la publicidad gubernamental y prohíbe “incluir la voz, imagen o cualquier otra forma personal que individualice o distinga a funcionarios públicos”.
De igual manera prohíbe “usar publicidad que tenga como objeto o efecto los logros de gestión o los objetivos alcanzados, salvo en el marco del periodo de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional”, disposiciones que dijo son de aplicación inmediata.
“El país no puede aceptar ningún argumento para el mantenimiento de propaganda gubernamental que esté destinada a dar las gracias por cumplir con funciones oficiales y dirigida a obtener votos”, planteó.
