Miguel Guerrero entra al debate por Punta Catalina; dice quienes hoy la administran «no saben qué hacer con las plantas»
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El empresario de la comunicación y periodista Miguel Guerrero intervino este jueves el el debate que mantiene Celso Marranzini, administrador de las termoeléctricas Punta Catalina con diversos comentaristas del tema energético, y acusó a sus actuales autoridades de no no saber qué hacer con las generadoras propiedad del Estado.
Guerrero, un defensor a ultranza de la gestión del expresidente Danilo Medina, se une al debate en el que participan frente a Marranzini el economista Jaime Aristy Escuder y el columnista y productor de televisión José Báez Guerrero.
En su columna del periódico El Caribe publicada este jueves, el veterano periodista insiste en defender la manera en que manejó el expresidente Medina la construcción del complejo termoeléctrico, por la que recibiera críticas de ecologistas y otros sectores que se opusieron a la misma por tener como combustible el carbón mineral.
En el artículo, que reproducimos a continuación, Guerrero defiende también el manejo económico en la construcción de las plantas, pese a que sectores de la oposición llegaron a calificarla de sobrevaluada en unos mil 40 millones de dólares.
La odiada Punta Catalina
El gobierno de Medina fue muy cuestionado por la construcción de Punta Catalina y el centro de las protestas se relacionaba con su costo, algo más de dos mil millones de dólares, incluyendo un puerto para la descarga y manejo del carbón, y el tema de la contaminación. Los críticos del gobierno de entonces, que hoy dirigen al país, denunciaron que estaba sobrevaluada en unos US$1,040 millones. Ni del costo del complejo ni del problema de la contaminación los críticos de entonces han vuelto a tocar el tema.
Los medios reprodujeron mil veces el monto supuesto de la sobrevaluación, sin que hasta el momento se sepa de dónde salió esa cifra. La cuestión es relevante porque el costo es el punto central del caso. La obra fue objeto de una licitación internacional auditada por firmas extranjeras, ninguna de las cuales fue cuestionada por las compañías que participaron en la misma. De las cuatro ofertas evaluadas técnicamente sólo la del consorcio formado por Odebrecht, una firma italiana y un socio local, llenaron los requisitos técnicos. De todos es sabido, además, que no basta para ganar un concurso de esa naturaleza la oferta más barata, sino llenar las especificaciones técnicas, que es la verdadera garantía de cumplimiento de calidad.
Cuando el socio local de la firma china que obtuvo la última posición se quejó, se abrió el sobre del segundo mejor ofertante, el consorcio formado por la coreana Pesco, asociada con la brasileña Andrade Gutiérrez. El precio era mayor en unos US$28 millones que la oferta técnicamente mejor valorada por la firma Stanley Consultants. La gran tarea de los medios interesados en el tema debió ser descifrar el enigma de dónde salió la tan repetida cifra de US$1,040 millones. Hubiera sido el mejor aporte a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero nada de eso importaba entonces. Hoy quienes la administran no saben qué hacer con las plantas.
