Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Una comisión especial de la Cámara de Diputados inició el estudio para modificar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, cuya aprobación ya se produjo en el Senado de la República, pero lleva tiempo sin ser sancionada de manera definitiva.
El propósito es establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta iniciativa, impulsada por la senadora del Distrito Nacional y ahora ministra del Interior, Faride Raful, fue aprobada previamente en ese órgano legislativo, la que ahora analiza la citada comisión presidida por el diputado Gregorio Domínguez.
Según se informó los miembros de ese comité continuarán sus labores en las próximas semanas para discutir en profundidad estas propuestas, recabando además el aporte de varios sectores interesados, en un esfuerzo conjunto por fortalecer las normativas de las contrataciones públicas en el país.
La presente ley tiene por objeto fijar el marco jurídico único y homogéneo que rija la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, estableciendo sus principios y normas generales.
Esos procesos están sujetos a la Compra y contratación de bienes, servicios, consultoría y alquileres con opción de compra y arrendamiento, así como Contratación de obras públicas y concesiones.
Las compras destinadas a promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas se exceptúan de esta ley y se establecen los principios para la contratación pública de eficiencia, igualdad y libre competencia.
También, la transparencia y publicidad, economía y flexibilidad, equidad, responsabilidad, moralidad y buena fe, reciprocidad, participación y razonabilidad.
