Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El Poder Ejecutivo depositó este martes en el Congreso Nacional la reforma fiscal delineada en la víspera por el presidente de la República y el equipo económico del Gobierno.
A través del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, la pieza entre al Congreso vía la Cámara de Diputados, y se denomina proyecto de Ley de Modernización Fiscal.
La reforma busca recaudar al año 122,486.6 millones de pesos para bajar a la mitad el déficit de caja del Gobierno.
El ministro Vicente aseguró que se busca garantizar los servicios públicos de calidad y lograr un país desarrollado y con mayor equidad del Estado.
Agregó que esta modernización fiscal se requiere para atender las demandas de la población relacionadas a los servicios básicos, y para evitar que la deuda siga creciendo.
El Gobierno detalló que la reforma está fundamentada en cuatro ejes: protección social, programa de inversión pública y gastos priorizados, reglas claras e iguales para todos y perseguir la evasión fiscal y modernizar el sistema tributario.
Por su lado, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco reconoció que la reforma fiscal «es difícil» y debe ser vista con detenimiento.
Atenuar efectos en sectores
El Gobierno procura que la reforma fiscal anunciada para ser presentada este mismo martes al Congreso Nacional tenga efectos mínimos sobre la población más vulnerable, exceptuando de las cargas fiscales una serie de productos básicos de la canasta alimenticia.
Entre otros quedan exentos de gravámenes el pan, arroz, pollo, leche, huevo, plátano y yuca y otros productos de origen agropecuario.
Además, insumos de pecuaria, combustibles, medicamentos, abonos y componentes, insecticidas y otros bienes de capital agropecuario.
Por igual quedan libres de impuestos la enseñanza, salud, energía eléctrica, agua potable y recogida de basura, así como transporte de pasajeros, intermediación financiera y seguros, alquiler de viviendas para uso familiar, planes de pensiones y jubilaciones.
Otro elemento que tendrá un importante impacto es la reestructuración del pago del anticipo para que, en lo adelante, las personas físicas y microempresas no estén sujetas al pago del mismo.
En cuanto a las pequeñas empresas, este será calculado en base al 40 % de los ingresos del periodo, mientras el de las medianas empresas se hará en base al 60 %, ambos sectores con pagos trimestrales.
Durante la presentación del proyecto en LA Semana, el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el equipo económico, se informó que el centro de la reforma es elevar el nivel de desarrollo del país, mejorando los servicios de educación, salud, seguridad, transporte, salarios, ayudas sociales.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, indicó que se busca recaudar para aumentar el gasto público sin que siga financiado con endeudamiento.
Explicó que desde el Gobierno se está aportando la Ley de Responsabilidad Fiscal, que pone un tope al crecimiento anual del gasto público para de esta forma, obtener una reducción en el coeficiente de la deuda.
Detalló que el primer eje corresponde a la protección social, a través del cual, se aumentará el alcance de los programas sociales para mitigar cualquier efecto sobre la población más vulnerable. La mayoría de los efectos de la modernización fiscal sobre esta población son positivos.
Apuntó que se establecen reglas claras e iguales para todos y persecución de la evasión. “Es objetivo bastante claro, dos empresas que tengan el mismo beneficio neto deben pagar los mismos impuestos”, indicó Vicente.
Dijo que se añade un nuevo tramo en la escala de ingresos de las personas físicas para los trabajadores con ingresos mayores a RD$2.4 millones anuales (RD$200,000 mensuales) y se establece una tasa marginal de un 27 % para esta nueva escala. Esto solo impacta al 1 % de los contribuyentes, que son los que se encuentran en el nivel más alto de ingresos.
