Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, avanzó este domingo hacia la aplicación de las leyes que castigan el tráfico de personas, normativas que, aunque, existen no presentan resultados que puedan disuadir a los delincuentes a incurrir en esa práctica.
En ese sentido, la ministra de Justicia lanzó la “Instrucción general para las investigaciones del tráfico ilícito de migrantes”, como parte del contexto de la creación de una Unidad para ese propósito.
El nuevo organismo dispuso que el Consejo Superior del Ministerio Público acoja una sugerencia del Poder Ejecutivo presentada el pasado viernes, mediante la cual se ordenó que todos los fiscales den prioridad “a las investigaciones en las que se cuente con informaciones de inteligencia o evidencia de que funcionarios públicos e integrantes de instituciones militares y policiales sean miembros de estructuras criminales de tráfico ilícito de migrantes”.
También en los casos de que esos servidores públicos “recurran a la extorsión, reciban sobornos, cualquier dádiva o prebenda a cambio de facilitar este crimen”.
Agrega que, en estos casos, “se deberá proceder a solicitar la inmediata suspensión de sus funciones del involucrado, a través de los órganos competentes”.
Al investigar este delito tipificado en la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y sus modificaciones, castigado además por diversas convenciones internacionales de las que el país es signatario”.
Los representantes del Ministerio Público de las unidades especializadas y las distintas demarcaciones “deberán solicitar y ejecutar inmovilizaciones de cuentas, inmuebles, vehículos y todo activo vinculado a las acciones ilícitas de las personas o estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes”.
La instrucción, busca fortalecer la política del Ministerio Público en la materia, disponiendo, además, que al gestionar el secuestro legal inmediato, para fines de posterior decomiso, de los vehículos propiedad de persona o empresas que hayan sido utilizados como medio de transporte para traficar migrantes, en los casos que el fiscal apoderado de la investigación pueda vincularlos de manera objetiva al proceso.
El Ministerio Público recordó en un comunicado que el tráfico ilícito de migrantes “representa una de las formas más complejas y lucrativas de la criminalidad organizada transnacional”.
“Su dinámica implica no solo el cruce irregular de fronteras, sino, también, la articulación de redes delictivas que operan con altos niveles de planificación, logística y corrupción” agregó.
Indica que esta actividad delictiva “socava los sistemas de control migratorio, y de seguridad del Estado, por lo que requiere del fortalecimiento de la respuesta interinstitucional especializada, coordinada y dotada de capacidades operativas, jurídicas, técnicas y tecnológicas, en coherencia con la Constitución y para preservar la seguridad y defensa nacional”.
