No sabemos buscando cuáles resultados, la Organización de los Estados Americanos (OEA) reunió a su Consejo Permanente para analizar las repatriaciones de haitianos en condición de ilegalidad dispuestas por las autoridades dominicanos, dentro del marco de las prerrogativas soberanas de este país.
Decimos no saber los fines, pues la OEA ni ninguna organización multilateral ni gobierno alguno, tienen facultad para juzgar nuestras decisiones en materia migratoria.
A lo sumo solo pueden exigir que las repatriaciones se realicen respetando la dignidad humana de los afectados. Y eso parece que las autoridades encargadas se han cuidado.
La situación de la migración haitiana es compleja. Esos ciudadanos han estado huyendo de su país a cualquier parte; a cualquier costo y por cualquier medio, incluyendo arriesgar la vida.
No solo emigran hacia la República Dominicana, su destino menos peligroso y más fácil por tratarse del mismo espacio territorial, sino que lo hacen a todas partes.
En muchos países son recibidos en las mismas costas marinas o en los lugares terrestres por donde arriban, para ser devueltos sin mayores trámites.
Y no vemos el empeño de la OEA o cualquier otro organismo extranjero para impedir las repatriaciones.
La OEA no tiene ningún derecho a cuestionar válidamente nuestras decisiones, que por demás no vamos a aceptar.
