Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: El debate fue ardiente e interesante. El amplio salón estaba repleto de asambleístas. La nota que colmó la paciencia de asistentes a la reunión de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacs), en un hotel de Ciudad México (CDMX), parecía inocua e inoportuna. Pero no. Especialistas de escuelas de Comunicación de universidades de América Latina y el Caribe protestaban por el contenido anunciado para la siguiente edición de la revista de la organización: Diálogos de la Comunicación.
Preguntaban el porqué de una temática distante de los intereses comunicacionales del contexto de la región latinoamericana y caribeña. Insistían. Seguía la indiferencia del presídium y de los moderadores. Las voces de reclamo se multiplicaban. El alboroto copaba la sala. El manejo de la asamblea se hacía insostenible.
La presidenta de la organización se acercó al podio. Por las bocinas, entre las ruidosas protestas de parte de personas que se levantaron de sus asientos, se coló un ruego de calma seco. Pasaron unos cinco minutos para lograr el silencio. A regañadientes, ella admitió que los temas seleccionados obedecían a la agenda de la ONG alemana patrocinadora. “Es la realidad”, dijo en voz baja. La información cayó como una bomba. Agrió los ánimos.
Para muchos, lo sucedido presagiaba una crisis en Felafacs, una organización que había sido creada en 1981 y agrupaba a 300 facultades o escuelas pertenecientes a universidades de 21 países. Ya en aquel momento las llamadas “organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro” estaban bajo la lupa. Han pasado cerca de dos décadas y, hechos del presente, en RD, evocan aquellas escenas desarrolladas en la capital mexicana.
El 28 de noviembre de 2022, la investigadora social dominicana especializada en Derechos Humanos, Altaír Rodríguez, le dijo al talk show El Sol de la Mañana, que entre 2009 y 2011 ella realizó un estudio de 200 páginas sobre la industria azucarera el cual determinó ausencia de trabajo forzoso en el Central Romana. Pero que la agencia estadounidense que contrató el trabajo con fondos del Departamento de Estado, lo publicó al año siguiente con las conclusiones cambiadas para decir lo contrario.
Según la experta, la coordinación local de la investigación estuvo a cargo del Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), que -dijo- reclamó explicación a la agencia, pero esta respondió con el silencio.
Su denuncia adquiere coyuntura periodística por el bloqueo actual de Estados Unidos a la comercialización de azúcar producida por el emporio estadounidense Central Romana, que funciona en la región este de República Dominicana. El alegato es trabajo forzoso a obreros haitianos, que la empresa ha rechazado rotundamente. Sectores nacionales sostienen que el bloqueo en las aduanas de EE.UU. obedece a una campaña internacional de descrédito contra el país, atribuyéndole racismo y xenofobia por las repatriaciones de indocumentados y la negación a instalar centros de refugiados en provincias de la frontera dominico-haitiana.
El encargado de negocios de la embajada de EE.UU, Robert Thomas ha denunciado ante el Departamento de Estado que en RD ejecutan operaciones generalizadas orientadas a detener a migrantes indocumentados, especialmente personas de ascendencia haitiana, así como violación a los derechos humanos en los centros de detención. Se ha referido a supuestos maltratos a personas por el color de su piel.
Denuncia que el congresista demócrata por el distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat, ha rechazado de plano y ha reclamado las evidencias sobre políticas racistas y xenofóbicas en RD. Por considerarlo infundado, exige el retiro del comunicado “Alerta. Reforzamiento en curso de Migración en República Dominicana”, emitido el 19 de noviembre de 202 por la embajada estadounidense.
El presidente Luis Abinader ha ordenado a la Dirección de Migración arreciar la expulsión, conforme las normas nacionales y respeto a los derechos humanos, de miles haitianos indocumentados para garantizar el orden y la seguridad nacionales. Voceros de ONG, desde Haití y RD, le critican y han favorecido el discurso de la legación, multiplicando su eco ante organismos internacionales. El liderazgo político y empresarial dominicano repudia la posición de la embajada y de las entidades no gubernamentales.
El artículo Reflexiones Críticas sobre las ONG (www.repositorio.uca.edu.ni) destaca: “Ante la opinión pública, las ONG están animadas por una virtud, por unos principios humanitarios incuestionables y con unos objetivos loables. Sin embargo, las ONG pueden ser ineficaces y, en ocasiones, hasta nocivas”.
Tras plantear el nivel de conciencia en la sociedad de que décadas de “ayuda al desarrollo” han desembocado en un rotundo fracaso y estas organizaciones cargan parte de la culpa, advierte: “Se podría decir que hoy días las ONG están bajo sospecha. Han demostrado no ser ningún espejo inmaculado”.
En corrillos académicos se ha planteado que estas organizaciones son parte de un plan de contrainsurgencia para catarsis de izquierdistas; lugar para que concreten su “revolución” a cambio de la inyección de dólares y euros. O un modus vivendi alterno a los empleos públicos o en las empresas privadas, enmascarado en discursos filantrópicos.
Se debate incluso que los recursos que estas reciben de agencias internacionales constituyen deuda para el país y comprometen al Estado frente a países “donantes”, por lo que no solo deben rendir cuentas y ser auditadas, sino actuar conforme las normas e intereses dominicanos.
En República Dominicana, en 2016 había 7 mil de esas organizaciones. Según el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Presupuesto Nacional y Ley de Gastos Públicos en 2017 consignó 1,778 millones 938 mil 579 pesos a las ONG, y subió a 1,786 millones al año siguiente.
Las ONG en RD se crean al amparo de la Ley 122 del 8 de abril de 2005 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana. https://mepyd.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/asfl/marco-legal/ley-05122-organizaciones-sin-fines-de-lucro.pdf.
La crisis haitiana tocó fondo. El país más empobrecido del hemisferio, al oeste de la isla Española, está bajo control de poderosas bandas criminales apadrinadas por sus propios políticos, que operan desde adentro, Estados Unidos, Canadá y países europeos. Los secuestros y asesinatos son cotidianos.
La madrugada del 7 de julio 2021, su presidente Jovenel Moises fue asesinado a tiros en su propia residencia del lujoso Petion Ville por un comando de mercenarios integrado por colombianos reclutados desde Estados Unidos. Las bandas exigen la renuncia del actual primer ministro Ariel Henry.
La gravísima crisis económica, social y política ha sido aprovechada por actores nacionales y extranjeros para crear innumerables ONG que deben justificar la recepción de fondos con reportes de cumplimiento de la agenda predeterminada por donantes, para poder iniciar nuevos “proyectos de desarrollo”.
Sus propuestas abarcan un amplio espectro: derechos humanos, educación, salud, agua potable, energía, ciudadanía, democracia, agricultura, medioambiente, viviendas, migraciones. En Haití, el caos se ahonda, crece la miseria en la población. Seis de cada diez haitianos viven con menos de dólares al día.
