Finjus objeta se eleve a 60 años la pena máxima en el nuevo Código Penal

Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en un análisis de la pena máxima de 60 años de prisión contemplada en el nuevo Código Penal, consideró que vulnera sus propios postulados.
El organismo que promueve fortalecimiento de la institucionalidad democrática, señaló que imponer es condena impediría el ejercicio del “principio resocializador” que fundamenta el Código en sus postulados generales.
La posición de la Finjus está contenida en un documento de 41 páginas, en el que indica que el modelo actual la pena máxima es de 30 años de reclusión mayor, pero en el proyecto la aumenta al doble.
“La pena de prisión de 60 años será impuesta, única y exclusivamente, cuando estemos en presencia del concurso de infracciones, aunque no por ello deja de ser excesivo el incremento punitivo”, señala.
Según entiende el presidente de la entidad, Julio César Castaños Guzmán, la pena máxima pasará a ser de 40 años y que el mínimo de la pena se establece desde los 15 días de prisión.
“Estos postulados sostienen “una finalidad punitiva meramente retributiva, sustentada sobre la base del merecimiento de pena y no así sobre el fundamento de la necesidad de la pena”, agrega.
Asimismo, sostiene que, adicionalmente, la criminología y las modernas corrientes de política criminal, así como la misma ciencia del derecho penal “han demostrado fehacientemente que el incremento de las penas no previene la infracción”.
Entiende que el incremento desconsiderado de la carga punitiva conlleva un coste económico al Estado que pudiera resultar contraproducente en su aplicación resocializadora y reeducadora.
En ese sentido, dice que “resulta evidente la influencia que ha tenido en nuestro país y, sobre todo, en nuestros legisladores el denominado populismo punitivo”.
En otra de sus observaciones, advierte que el nuevo Código deja un “vacío frente a los hechos post-delictuales cometidos por sujetos peligrosos, y con ello, las medidas de seguridad quedarían prácticamente habilitadas para los denominados inimputables”.