Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Varias entidades de la sociedad civil se han querellado ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente y los anteriores miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, a quienes atribuyen haber bloqueado durante cuatro años auditorías externas en casos de corrupción.
Conforme las organizaciones querellantes, este hecho “afectó gravemente los mecanismos de control institucional del país”.
La querella fue depositada por Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), y Domingo Rojas Pereyra, presidente de la Fundación Nacional de la Juventud, representados por los abogados Carlos Sánchez y Salvador Encarnación Peguero.
La acción va contra Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Cataño Ramírez, Tomasina Tolentino de McKenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, pasado presidente e integrantes del pleno, respectivamente.
Según la querella, los denunciados habrían violado la Constitución de la República, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, así como delitos de asociación de malhechores, concusión, coalición de funcionarios y delitos de alta tecnología, regidos por la Ley 53-07.
La instancia solicita a la PEPCA investigar a fondo las acciones y omisiones de la pasada gestión del órgano de control externo.
Afirman que la parálisis imputada a la anterior Cámara de Cuentas “dejó al país sin fiscalización independiente, forzando a que todas las auditorías fueran realizadas por la Contraloría General de la República, lo que debilitó los mecanismos de control del gasto público”.
Acusaciones adicionales por el fallido voto automatizado
La querella también extiende sus acusaciones al fallido proceso de voto automatizado implementado en las elecciones municipales de febrero del año 2020.
Los denunciantes sostienen que el sistema, adquirido por la Junta Central Electoral (JCE), presentó un problema que impidió la visualización completa de los candidatos y partidos políticos en las pantallas.
Califica de “insólita” el hecho que obligó a las autoridades electorales a suspender la votación cuatro horas después de su inicio, debido a un fallo generalizado en las máquinas de votación, que colapsó el proceso electoral por primera vez en la historia del país.
Señala que, si bien la JCE había comunicado previamente “algunos errores en el sistema”, sus miembros y funcionarios de áreas clave decidieron “irresponsablemente” no interrumpir los comicios para corregir los errores.
Recuerdan que, posteriormente el propio presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, admitió públicamente que “se había cometido un error” al no realizar una prueba total del sistema, tal como lo exigen las normativas.
Los querellantes resaltan que estas declaraciones, consideradas “incriminatorias”, son verificables en medios de comunicación.
