El mismo PLD que pidió a sus diputados apoyar el proyecto exige al Gobierno modificar contrato de fideicomiso Punta Catalina

SANTO DOMINGO: Aunque orientó a sus diputados votar a favor de la iniciativa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), solicitó este miércoles al Poder Ejecutivo retirar del Senado el contrato de fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina y realizar “las modificaciones necesarias para que sea un contrato que ponga por encima de todo el interés del pueblo dominicano”.

Durante su reunión ordinaria semanal, el Comité Político de la entidad opositora consideró que se trata “de un contrato carente de controles que permitan al Estado proteger su patrimonio y el interés público”.

Explicó que la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) es un bien del Estado dominicano cuyo titular es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) bajo el amparo de la Ley No. 394-14.

Precisó que esa legislación autoriza a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, a promover, directa o indirectamente, la actividad de generación de electricidad.

A nombre del colectivo político habló su secretario general, Charlie Mariotti, quien sostuvo que la CTPC, cuyo costo de construcción ascendió a US$2,454 millones, es el principal activo productivo que tiene actualmente el Estado Dominicano.

“Las dos unidades de generación eléctrica, además de producir beneficios ascendentes a US$250 millones anuales a favor del Estado, su entrada ha promovido la competencia en el segmento de la generación eléctrica”, expresó.

A su juicio, la entrada en funcionamiento de la generadora estatal “ha provocado que alrededor de 800 MW de energía comenzaran a utilizar gas natural, disminuyendo significativamente el precio de la electricidad en el mercado spot”.

Sostuvo que la combinación del ahorro de más de US$200 millones a favor de las empresas distribuidoras de electricidad, con el beneficio directo generado por Punta Catalina “significa que esa inversión produce entre US$450 y 500 millones anuales al Estado”.

Dijo que el partido, luego de hacer un estudio exhaustivo al contrato, dio a conocer las siguientes fallas en el fideicomiso, del que reconoció está permitido y regulado por la Ley 189-11, “el fideicomiso público no se encuentra entre las figuras previstas”.

“Ese hecho hace que no exista en el país un marco jurídico adecuado para este tipo de fideicomisos, por lo que la naturaleza de los bienes involucrados, así como de los mecanismos de control constitucionales y legales que los protegen, requieren de una claridad jurídica que la ley no provee”.

Otro aspecto que cuestiona del fideicomiso es que separa los bienes del patrimonio público y los constituye un patrimonio aparte, lo que a su juicio “puede argumentarse que en este caso el Estado es aportante, beneficiario final y, además, dueño de la fiduciaria que administrará el fideicomiso”.

Observó que ese aspecto ha servido de base para afirmar que “es imposible una privatización de CTPC y que todos los beneficios irán a parar a manos del Estado, porque la cláusula 21 permite cambiar “sin causa” a la fiduciaria”.

Entiende que por esa permisibilidad, la fiducia puede ser sustituida de propiedad del Estado, por una privada, “lo que requiere la aprobación de otro contrato de fideicomiso, pero el ejercicio de dar por terminada la relación con la fiduciaria propiedad del Estado no la requiere”.

Respecto al operador, el PLD entiende que al ser contratado por el Comité Técnico, sin que exista claridad del procedimiento para escogerlo, sin quedar claro tampoco que existan normas reguladoras en los conflictos de interés o incompatibilidades entre el operador y la administración de CTPC.