Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El Ministerio Público ha continuado el uso de especies animal para denominar casos que investiga, a pesar de que varios jueces que conocen expedientes con esas designaciones, le han advertido que esto es improcedente desde la óptica jurídica.
La nueva denominación es “Operación Guepardo”, a partir de uno de los felinos más temidos y el más veloz del reino animal, alcanzando hasta 102 kilómetros por hora.
En base a la operación, el Ministerio Público llevó a cabo 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles que han estado llevando a cabo en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos.
La madrugada de este viernes fueron incautadas propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con las operaciones de esta red, vinculadas al caso Guepardo.
De la misma forma, esta red y sus implicados han perjudicado a cientos de víctimas, recibiendo a través de actividades delictivas beneficios por más de 18 millones de dólares.
La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, que ya tenía la confianza del público general por su alto nivel de credibilidad.
Sin embargo, esto fue parte de un artificio para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de la red delictiva.
En relación al caso fueron arrestadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, dos de las líderes de esta estructura.
Las autoridades informaron que las detenidas serán sometidas a la justicia, mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, integrantes de esta estructura, se encuentran prófugos.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, declararon que la investigación ha detectado publicaciones de la red por redes sociales, por donde recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, descubriendo así su entramado y operaciones.
La investigación preliminar, en la que participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, ha desenmascarado esta estructura delictiva.
La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF), de la Policía Nacional, puso en marcha el caso Guepardo.
