Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: A la empresa minera Barrick Gold–y al margen de los beneficios que la explotación del oro pueda dejarle al país–por sus hechos, daños medioambientales y desmanes y abusos evidentes en las comunidades donde se le autoriza operar, la conoceréis y recordaréis no como cosa grata. Con el visto bueno oficial recibido—con fuerza pública bien armada incluida—para dar paso a una muy controversial presa de cola, la empresa ha vuelto a ponerse en la picota y, con renovados bríos destructores, a ser piedra de escándalo y elemento de gran preocupación de amplios sectores sensatos del país.
Sin ir más lejos: El ecocidio–lo que ocurre en la actualidad la provincia Sánchez Ramírez con el derribo indiscriminado de árboles, afectación del único rio de la zona y el despojo de las tierras a campesinos indefensos del lugar—se define como: “la destrucción o daño grave, extenso y duradero de los ecosistemas naturales, a menudo causados por la actividad humana. En esencia, es una forma de “genocidio” para el planeta, ya que amenaza la supervivencia de las especies y afecta el bienestar de las comunidades. Se ha propuesto la incorporación del ecocidio como un crimen internacional en el estatuto de Roma, con el objetivo de que se pueda perseguir y sancionar a los responsables de daños ambientales masivos”.
Por lo visto, la Barrick se ampara para su desmedido accionar en un párrafo final— fuera de contexto y de la requerida aprobación del Congreso, porque enajena bienes públicos—en el decreto 270-22 del presidente Luis Abinader, relativo a la apertura de los consulados de Orlando, Filadelfia y Paterson y el nombramiento del respectivo personal.
¿Error involuntario o un párrafo de contrabando? Con una comunidad de pie, indignada en extremo y consiguiendo cada vez más respaldo a su causa, aquello no pintan nada bueno y amenaza con derivar en una matazón de inocentes rechazando atropellos y en defensa de derechos pisoteados. Eso solo amerita de la atención y acción personal, y urgente, del jefe del Estado, antes de que la ampliación de la Reserva de Monte Negro y nuevas facilidades otorgadas a la Barrick en unas 50 mil tareas resulten un muerto muy pesado y de alto costo político para su gobierno. ¿Acaso no ha pensado en eso el ministro de Energía y Minas y el presidente del Senado, entre otros “facilitadores”?
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