Donald Guerrero alega informe de Contraloría usó en caso Calamar por la Pepca no le fue notificado
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero, Mario Aguilera, solicitó al tribunal que conoce el caso Calamar, consignar el informe elaborado por investigadores antifraude de la Contraloría General, que sirvió de punto de partida para la operación judicial en su contra, el que nunca le fue notificado a la defensa.
Aguilera dijo que no tuvo oportunidad de conocerlo y discutir su contenido, un derecho que manda la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Explicó que, a pesar de que el informe ha sido citado de forma reiterada durante las audiencias por otros representantes legales, ni su defendido ni su equipo tuvieron acceso al mismo en ningún momento del proceso.
“Ese informe existe, ha sido mencionado como prueba en este caso, y nunca nos ha sido notificado. Por tanto, jamás hemos podido ejercer contradicción alguna”, subrayó el jurista al hacer la petición formal.
La intervención cobra especial relevancia porque el informe en cuestión fue utilizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para justificar la investigación iniciada en el año 2020 de la denominada Operación Calamar.
Sobre ese informe se construyeron las acusaciones contra Guerrero y otros exfuncionarios, en relación con supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones que superaron los 17,000 millones de pesos entre abril y junio de 2020.
Según fuentes jurídicas, la omisión de notificar un documento de ese alcance compromete directamente el derecho al debido proceso y podría impactar en la validez de las actuaciones del Ministerio Público.
“Ahora que se menciona, tenemos gran interés en que se haga constar en acta que nunca se nos notificó como defensa de Donald Guerrero, y, por consiguiente, no ejercimos contradicción al respecto”, añadió el letrado.
La sesión estuvo marcada además por nuevos desistimientos en favor del exministro, cuando la semana pasada, varios querellantes comunicaron al tribunal que abandonaban sus acusaciones contra Guerrero.
Entre ellos, la Fundación Alfredo Nobel, que retiró su querella y acusación particular, así como representantes de la familia Mota, quienes cuentan con títulos de propiedad y habían suscrito contratos con el Estado.
Durante las audiencias recientes, alrededor de 40 herederos de la familia Reyes, representados por Patricio Mañón y Julio César Ventura, hicieron lo propio, solicitando además que se ordene el pago del 20% pendiente en favor de los propietarios.
