Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Exactamente catorce años después de quedar establecido en la Constitución de la República de 2010, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley para implementar la figura del referendo en la República Dominicana.
El objetivo de la ley, según consta en el informe leído por los diputados, es regular el referendo como un mecanismo para el ejercicio del derecho de participación política de los ciudadanos.
La figura fue establecida en el artículo 210 de la Constitución promulgada el 26 de enero de 2010, y a pesar del tiempo la misma nunca se ha podido implementar.
El misma establece que:
“Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones: 1) No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada; 2) Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara”.
Para establecer el referendo, el Estado deberá crear las condiciones más favorables para su práctica, mientras que los órganos electorales deberán brindar asesoría, agotar vías de conciliación y debate, y mantener el intercambio de información pública.
El proyecto aprobado por los diputados define al referendo constitucional como un procedimiento de participación directa de la ciudadanía para aprobar propuestas de modificación a la Constitución, una vez que estén votadas y aprobadas por la Asamblea Nacional Revisora.
El referendo constitucional será requerido cuando la reforma a la Carta Magna trate sobre derechos, garantías fundamentales, ordenamiento territorial, régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, y el régimen de la moneda.
Después de que la Junta Central Electoral (JCE) reciba los textos que se contemplarían para una modificación a la Constitución, deberá convocar al referendo en un plazo de 60 días, en el cual la población solo podrá responder «sí» o «no» a lo propuesto.
El proyecto aprobado por los diputados también define al referendo consultivo como una herramienta democrática en la que se consulta a la ciudadanía sobre una o varias propuestas presentadas sobre temas de relevancia o interés nacional.
El trámite para un referendo consultivo corresponderá al presidente de la República, a una cuarta parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados, y a los ciudadanos convocados por al menos un 1.5 % de los inscritos en el padrón electoral.
La iniciativa aprobada por la Cámara Baja prohíbe que los referendos busquen la opinión sobre normas tributarias, régimen económico, organización territorial, vigencia de tratados internacionales, seguridad y defensa nacional, estructura y organización de los poderes del Estado y sanciones penales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitó que la pieza legislativa fuera aprobada en primera lectura con el compromiso de que sea debatido este viernes en una sesión extraordinaria.
