Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: En lejana entrega anterior, describimos los escollos que debía superar la implementación de los medios digitales o justicia virtual, la que puede ser denominada como una de las pocas bondades que recibimos fruto de la ya acostumbrada pandemia que aún nos obliga a guardar distanciamientos, observar protocolos, someternos a pruebas, vacunaciones y evitar aglomeraciones en lugares cerrados, menos en los tribunales.
Los tribunales, las secretarias que apoyan las labores jurisdiccionales y pasillos de los distintos palacios de justicias se han visto abarrotados de usuarios, incluyendo abogados, que desde el 11 de diciembre del año 2020 se han visto obligados a agotar de manera presencial diligencias, trámites administrativos y todo lo que en el pasado reciente podía realizarse desde su oficina, casa o cualquier lugar que garantizara el acceso a internet, posibilidad que no satisfizo las pretensiones de un segmento de la clase jurídica.
Ese mismo segmento de la clase jurídica realizó protestas frente a los tribunales, elevó instancias ante las distintas dependencias y finalmente su estratagema llegó al Tribunal Constitucional que nos arranca la virtualidad por haberse implementado en inobservancia de las disposiciones constitucionales, decisión correcta, válida pero poco previsora, pues nadie se detuvo a pensar en que los efectos de la misma podían resultar irreparables.
Una muestra de lo antes afirmado es el actual ausentismo laboral, los contagios en jueces, fiscales, defensores públicos, personal administrativo y abogados, esos mismos que se oponían a la virtualidad, mismos que no avistaron desde su egocentrismo que solo les permitió ver que “nos impusieron la virtualidad” pero nunca se atrevieron a tomar en cuenta las bondades de la implementación de los medios digitales en la administración de justicia.
Nadie se detuvo a pensar que la eliminación de la denominada virtualidad, muy al margen de la tensión entre las resoluciones harto conocidas y las disposiciones constitucionales, reversaba un esfuerzo en el sentido económico y humano para la reestructuración institucional y física del Poder Judicial; pero más que todo, anula la agilidad, transparencia, acceso a expedientes debidamente fiscalizados, entre otras tantas bondades que a medida de que se corrigieran los escollos nos ofrecía el uso de medios digitales.
Ponemos todo esto en contexto para llegar a la conclusión de que, en ocasiones no todo lo legal es justo ni todo lo constitucional es favorable, pues el desarraigo del uso de medios digitales en la administración de justicia habrá de ser más lesivo que su permanencia. Esperemos!
