Abogados lanzan “una voladora constitucional” contra la reforma aprobada en primera lectura
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Varios abogados lanzaron este miércoles una acción de inconstitucionalidad contra la ley que declaró la necesidad de la reforma de la carta magna, la cual ya fue aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional Revisora.
El grupo está encabezado por Ramón Emilio Hernández y Máximo Ynoa Jaime, y estableció que actúa en representación del ciudadano Luis Ventura Sánchez.
La acción directa ante el Tribunal Constitucional (TC) es la Ley 61-24, que declaró la necesidad de reformar, y en cuya instancia emplazan a la corte a detener los trabajos de la Asamblea.
Argumentan que la ley vulnera disposiciones esenciales de la Carta Magna, ya que omite el referendo aprobatorio que esta exige para determinados cambios considerados fundamentales.
“La Ley 61-24 propone modificar artículos claves de la Constitución, incluyendo los relacionados con la autonomía del Ministerio Público, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y la unificación de las elecciones”, alegan.
Aseguran que, conforme al artículo 272 de la Constitución, las reformas en curso deben ser sometidas a referendo, ya que afectan aspectos fundamentales del sistema constitucional.
El recurso sostiene que la omisión del referendo viola varios artículos de la propia Constitución, entre los cuales cita 6, 73, 267 y 272.
Señalan que el 267 establece que cualquier reforma constitucional debe seguir los procedimientos indicados en la misma, mientras el 272 especifica que los cambios en temas como los derechos fundamentales o el régimen electoral requieren la aprobación popular a través de un referendo.
Del mismo modo, los accionantes han solicitado que el TC adopte medidas cautelares, suspendiendo la entrada en vigor de la Ley 61-24 y las deliberaciones de la Asamblea Nacional Revisora, hasta que se pronuncie sobre la materia.
Esta medida, según ellos, es necesaria para evitar que el proceso de reforma avance sin cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución.
