Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El diputado Gregorio Domínguez podría enfrentar una condena de cinco años de prisión en un juicio de fondo al que fue enviado este martes por la jueza de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia por desalojo ilegal
La jueza Vanessa Acosta, al ponderar los méritos de las acusaciones depositadas por la Procuraduría General de la República y la querella de la víctima, valoró que las pruebas destruyen la presunción de inocencia de Domínguez, diputado por la provincia de Santiago.
La querellante, Lucila Nelly Capellán, es representada por los abogados César Amadeo Peralta y Pablo Arredondo Germán.
Acosta dictó auto de envió a juicio de fondo para que el legislador responda por las imputaciones de desalojo ilegal en violación a los artículos 24 y 25 de la ley 396-19 sobre uso de Fuerza Pública, 1 y 2 de la ley sobre destrucción de propiedad privada y 1 y 2 de la ley 5869 sobre violación de propiedad privada.
Sin embargo, la magistrada rechazó la solicitud de imposición de medidas de coerción.
La Segunda Sala de la SCJ deberá fijar fecha para conocer el juicio de fondo en única instancia en virtud del fuero privilegiado de que goza el diputado.
En reiteradas ocasiones se realizaron denuncias de desalojos, abusos, golpes, heridas y destrucción de otras propiedades en las comunidades de Punta Rucia y la playa la Ensenada atribuidas al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El desalojo
La querella contra el diputado fue interpuesta el 11 de noviembre de 2020, en la que acusan al congresista de una presunta asociación delictiva.
La señora Capellán Luna alega que el 27 de marzo de 2020, Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, la destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de plato, ubicada en la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, dice un comunicado de la Procuraduría.
La imputación
De acuerdo a la instancia presentada por el Ministerio Público, la querellante alega que el legislador hizo el desalojo sin la debida orden de una fuerza pública y acompañado de una turba de hombres armados, incluyendo militares, y de otros que simularon ser fiscales y un juez de paz.
La querellante también acusa a la esposa del diputado, Judith Idalia Núñez Guzmán; a su empleado Catalino Martínez; a Julio César Acosta, propietario de una pala mecánica, así como al conductor de dicho aparato, Emmanuel Williams Molina.
La versión del diputado
En una audiencia de la semana pasada, el congresista presentó pruebas y testimonios para demostrar que no incurrió en violación a la propiedad privada, como ha señalado el Ministerio Público, y que por el contrario es el legítimo dueño de los terrenos por los cuales ha sido enjuiciado.
Los abogados del congresista solicitaron a la jueza de la Instrucción Especial dictar un auto de no ha lugar, es decir, poner fin a la acusación por no existir pruebas que sustenten la acusación del Ministerio Público y la acusación particular que presentó la parte privada agraviada.
El congresista presentó una serie de documentos que incluyen certificado de título catastral de la Registradora de Título de Puerto Plata, con el que pretende demostrar que los terrenos son de su propiedad; certificados del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en los que supuestamente se establece que esa institución no ha autorizado asentamiento en los terrenos en litis, además de que el IAD no tiene derecho sobre la propiedad.
También, la defensa del congresista aseguró que no es cierto que Domínguez haya estado presente durante los presuntos desalojos que se realizaron en los terrenos y como testigo de ello dijo que están su chofer, su secretaria, el encargado de seguridad, y un camarógrafo.
