Ministerio Público decide enjuiciar a 38 de Operación Discovery; pedirá 18 meses de prisión preventiva
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Finalmente el Ministerio Público decidió enjuiciar a 38 de los sesenta detenidos en el marco de la Operación Discovery contra el crimen cibernético, y pidió al juez de la Atención Permanente de Santiago la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Asimismo, el magistrado Osvaldo Bonilla, fiscal titular, dijo que se solicitará también que el caso deja declarado complejo.
El Ministerio Público, junto a la Policía Nacional y agentes del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), han llevado a cabo allanamientos y detenciones en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata.
La denominada «Operación Discovery» persigue desmantelar una amplia red criminal transnacional que estafó a cientos de ciudadanos en Estados Unidos con distintos mecanismos, entre ellos la extorsión sexual, económica y el robo de identidad.
Serán encartados Anabel Adames, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hichez Cárdenas, Wilmer Abreu Duran, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana.
De igual manera, Enrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez y José Oscar Peguero Martínez.
También, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, ciudadano estadounidense, Linda Pérez, también estadounidense, y Bonifacio Daniel Estévez Irrizari.
Por igual serán encartados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna, Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, y Ángel Rafael Peralta Guzmán.
Según el Ministerio Público, los integrantes de la alegada red se constituyeron en una asociación de malhechores que usurpaba funciones e incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Además de la extorsión sexual y el robo de identidad, los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas para intimidar, enviaban medicamentos utilizando “delivery” e incluso usurparon funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.
