SCJ asigna al magistrado Napoleón Estévez instruir caso de la diputada Rosa Pilarte investigada por lavado

Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El magistrado Napoleón Estévez Lavandier fue seleccionado este martes por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña, como juez de instrucción especial en la investigación que lleva la Procuraduría General de la República contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López.
Mediante el Auto 9-2021 del 6 de julio, el magistrado Molina Peña hace la designación en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la Ley 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la SCJ y sus modificaciones, la cual determina la competencia del presidente de la Suprema para cursar los expedientes según su naturaleza a los organismos correspondientes para su solución.
El Ministerio Público solicitó el lunes la designación de un juez de la instrucción especial de la SCJ con la finalidad de obtener todas las autorizaciones judiciales y medidas cautelares necesarias que pudieran derivarse como consecuencia de la investigación en el caso de la diputada Rosa Pilarte.
El procurador adjunto, Pedro Inocencio Amador Espinosa, quien hizo oficialmente la solicitud al presidente de la SCJ, motivó que la misma se hace debido al privilegio de jurisdicción que posee la legisladora.
Según la instancia del Ministerio Público, la diputada «se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no puede justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero”.
Destaca que el máximo salario que ha tenido la imputada por su trabajo de odontóloga en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es de $36,120.
También, que percibe RD$30,000 a través de la compañía Servi Crédito Gloria Ivette, empresa fachada en la que figuran como accionistas López Florencio y el hijo de ambos, Miguel Arturo López Pilarte, también imputado por este caso.
En la calificación jurídica preliminar, el Ministerio Público le atribuye a la diputada Pilarte López violación a la Ley 155-17, Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, en el artículo 3, numerales 1, 2 y 3, y los artículos 6 y 9, numerales 1 y 2.