Comisión senatorial estudiará resolución busca se suspenda pago por “infame peaje sombra”
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Aunque para no pocos el deseo del presidente Luis Abinader y muchos legisladores es anular o por lo menos aminorar los efectos del llamado peaje sombra, que mantiene en pánico desde hace casi una década el presupuesto nacional, la cuestión no parece pintar tan sencilla.
En esa dirección, el Senado de la República envió a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, con un plazo de una semana, el proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo suspender el pago de RD$7,000 millones, correspondiente al año recién iniciado “y agilizar la renegociación del contrato de la autopista del Nordeste, Juan Pablo II”.
La iniciativa, de la autoría del senador, Pedro Catrain, solicitó al presidente en funciones del organismo, Santiago José Zorrilla, que la iniciativa sea enviada a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos por un plazo de una semana, moción que fue acogida por sus colegas presentes en la sesión.
En el cuarto considerando que la resolución alude la concesión del contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná, obra que se afirma tiene vicios de origen que pueden constatarse en la carta y sus anexos enviados al Congreso Nacional en el año 2008 por el Poder Ejecutivo.
Precisa que en uno de sus anexos referente a en estudio de tráfico vehicular elaborado en el 2005 por la empresa The Louis Berger Group & Asociados, certificado por el entonces secretario de Estado de Obras Públicas.
Mientras, en su artículo quinto amplia el contenido del estudio citado, pero en lo referente al tráfico prometido diario, estimado en 24,881 vehículos para el año 2016 cuando en realidad ese año circularon por la vía solo 10,284 vehículos, lo que significa una sobreestimación de 142 %, recursos que el Estado dominicano está obligado a cubrir.
La pieza indica también que el gobierno y la compañía concesionaria pactaron un contrato por un plazo de 33 años de los cuales los primeros tres años serían para la ejecución de la obra y los 30 restantes para la operación y mantenimiento de la vía a manos exclusivas de la entidad privada, incluyendo el control absoluto del precio del peaje y el conteo de la movilidad vehicular.
Expone también que el contrato dispone que si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de peaje durante la operación fuera inferior al ingreso garantizado, el Estado compensará la diferencia al concesionario.
Estas son las cláusulas que abrieron las puertas al denominado “peaje sombra” bajo el supuesto de garantizar el equilibrio económico de este proyecto firmado en agosto del año 2005 y enero del 2006.
