Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Razones de sobra para estar más que preocupados, temerosos la mayoría de ex funcionarios del pasado gobierno, cuando la responsable de perseguir los infractores de la ley, Yeni Berenice Reynoso, proclamó en pleno proceso de imposición de medidas de coerción a los encartados de la Operación Antipulpo: “Aquí faltan más que los que están, pero van a estar”.
Esa inquietud aumenta al filtrarse la información de que el Ministerio Público se encuentra enfrascado en la consolidación de por lo menos 300 expedientes acusatorios contra pasados funcionarios de los últimos ocho años y posibles asociados.
Sin pecar de pesimista ni exagerado, se prevé que, en el mejor de los casos, varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que fueron responsables de administrar fondos estatales, terminarán desacreditados, cuando menos por negligencia para impedir el manejo indecoroso de los recursos públicos puestos a su cuidado.
Por eso se insiste en que es entendible la preocupación que se observa en el rostro de los convocados a rendir cuenta por determinados acontecimientos que le interesa precisar al Ministerio Público.
La certidumbre de los 300 legajos de la Procuraduría se deriva de la contratación de un número considerable de ayudantes fiscales para agilizar con calidad las acusaciones que en un plazo no establecido.
De romería a la PGR
Desde hace varias semanas ya han tenido que acudir a la Procuraduría General Temístocles Montás, Lucia Medina, Yokasta Guzmán, Félix Bautista, Berlinesa Franco, Francisco Liranzo y Audilio Vargas, entre otros.
Hasta este lunes, ninguno de los antes mencionados tiene expedientes abiertos, pero se sospecha que podrían terminar encartados de manera formal en el futuro no lejano.
De entrada, ya este lunes están citados a comparecer al presidente nacional interino del PLD, Montas y el provincial de Santiago, Julio César Valentín, en la audiencia que presidirá el juez José Alejandro Vargas.
El magistrado convocó audiencia para conocer la objeción de la Alianza Ciudadana en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a las nueve de la mañana.
La abogada Evelyn Torres, coordinadora jurídica de la Alianza Ciudadana, dijo que en el recurso aportará al tribunal serias pruebas sobre irregularidades y falsedades que afectan los archivos de Jean Alain.
Vargas tendrá que decidir si revoca los archivos que favorecen a Julio César Valentín y los ingenieros Temístocles Montás, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos de Moya, César Sánchez Torres y Máximo D’Oleo Ramírez, así como y al ex diputado Ruddy González. Monitor9900
Montás, quien en su momento admitió haber recibido fondos de la constructora brasileña, pero no para uso personal, sino para su organización, fue uno de los ocho beneficiados con el archivo del expediente de la acusación en su contra en el caso.
La participación de Vargas en este caso se debe a que la jueza Keila Pérez Santana, del Primer Juzgado de la Instrucción, se inhibió alegando razones personales que le impedían conocer el caso.
Adelantó que su acción está fundamentada en los derechos de ciudadanía y la proscripción de la corrupción administrativa consagrados por los artículos 22, 146 de la Constitución y el artículo 85 del Código Procesal Penal.
En la pasada gestión de Jean Alain Rodríguez al frente de la Procuraduría fue archivado de manera provisional y luego definitivo los expedientes de ocho de los 14 acusados de pertenecer al caso de sobornos de la empresa constructora brasileña.
La Cámara de Cuentas
En una acción inesperada y sin que se recuerden precedentes, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y al secretario, Carlos Noé Tejada Díaz, fueron interrogados el pasado viernes por el Ministerio Público en la apertura de una investigación por presuntamente obstruir la justicia en indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales.
Un comunicado de la Procuraduría General afirma que los funcionarios fueron convocados “a los fines de que declaren respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas”.
Esas irregularidades, afirma, tienen el interés de impedir el suministro de los informes requeridos “para el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas”.
La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del MP, que dirige la magistrada Reynoso, se encuentra inmersa en múltiples investigaciones referentes a denuncias y querellas sobre irregularidades en distintas instituciones de la administración pública.
El documento agrega que la Pepca ha remitido reiteradas comunicaciones en las que solicita información a la Cámara de Cuentas, pero sus miembros han respondido con evasivas.
Sostiene además que teniendo además el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en manejos irregulares, con el alegado propósito “de impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias”.
