Informe de Educación registra 20,120 conflictos violentos entre estudiantes en últimos 8 meses

Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación (MINERD) reveló la ocurrencia de 20,120 conflictos entre alumnos desde septiembre de 2022 (inicio del año escolar vigente) de los cuales 1,724 involucraron a docentes y estudiantes hasta el pasado mes de abril.
El informe señala también la ocurrencia de 297 hechos violentos entre alumnos y el personal de apoyo y/o administrativo; los conflictos de profesores con familiares de estudiantes se repitieron 322 veces y entre los docentes, 177 hechos violentos.
Las cifras fueron ofrecidas durante una rueda de prensa en el Minerd, donde se presentó un borrador del “Código de Ética Educativa”, que regularizará las relaciones entre el personal docente y administrativo con los alumnos del sistema de educación preuniversitario público y privado.
Las autoridades del sector indicaron que el borrador instruye que los docentes y administrativos han de relacionarse con los estudiantes en el espacio escolar, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley General de Educación 66-97 y el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03.
El citado código de ética precisa que el uso de las herramientas digitales con fines formativos, “el docente no puede relacionarse de forma individual con los estudiantes”.
También que en los encuentros virtuales, los profesores y los del cuerpo administrativo deben vestir formalmente, la Policía Escolar y el personal de seguridad deberán mantener un comportamiento “coherente con los lineamientos éticos que rigen el funcionamiento de los centros educativos”.
Por igual, prohibiría al personal docentes y administrativos participar en acciones violentas de cualquier índole contra los estudiantes, ni admitirá, por parte de profesores, “el uso de calificativos que inciten a la discriminación contra el escolar”, así como cualquier tipo de acoso y de soborno.
En ese sentido, la norma impide que los maestros y otras autoridades de la escuela utilicen los horarios de clases o el centro educativo para desarrollar discursos políticos, religiosos, comerciales, de sexualidad o tratar temas personales con los estudiantes.