Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Los conflictivos terrenos de Bahía de Las Águilas, localizados en la provincia Pedernales, siguen dando de qué hablar. El nuevo conflicto está relacionado con el proyecto turístico Bucanyé, el que se encuentra en un impasse legal.
Según un reportaje publicado en el periódico Diario Libre, el origen del impasse se produce luego de una denuncia pública hecha por el Grupo Jaragua, sobre su supuesta ilegalidad.
En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, declaró en un medio televisivo que el proyecto turístico no se realizaría por estar dentro de un área protegida.
Sin embargo, el representante legal del proyecto, Salvador Catrain (hijo del senador oficialista Pedro Catrain), aseguró al matutino que esas tierras fueron adquiridas de manera legal.
El jurista dijo tener en su poder los títulos de propiedad “y un acuerdo con el Estado a través de la Dirección General de Alianzas Público Privadas, para desarrollar la parcela 40 del Distrito Catastral 3 de Pedernales”.
Precisó que el 28 de octubre de 2021, la Dirección General de Alianzas Público Privadas, a través de su director Sigmund Freund, firmó el “Acuerdo Marco de Cooperación Conjunta para el Desarrollo Turístico y Socioeconómico de las parcelas 40 y 41 del D.C. 3 de Pedernales”.
Ese pacto tuvo como contraparte a la compañía Oceanus Investment S.R.L. representada por el señor Elías Hernández Barrera, de nacionalidad española, quien a su vez es representado por el español José María de Pereda Fernández.
Este acuerdo explica que la parcela 40 fue formalmente excluida de la litis sobre derechos registrados de Bahía de las Águilas, por la sentencia del 19 de mayo de 2014 de la Octava Sala del Tribunal de Tierra de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional.
Además, se explica que el Estado dominicano, “intentando recuperar el patrimonio inmobiliario público, por el caso de Bahía de las Águilas”, trabó, por ante el Registro de Títulos de Barahona, una serie de oposiciones registrales y anotaciones preventivas que impiden la ejecución de operaciones registrales en las parcelas antes mencionadas, incluyendo todas sus divisiones.
Se alega por igual que en el momento que sea requerido, “la empresa aportará todos los documentos que evidencien que legalmente adquirieron los derechos de propiedad en la parcela 40 con frente de playa y porción de la 41”.
Indica que los nuevos inmuebles resultantes de los trabajos de mensura cuentan con sus respectivos contratos de compra-venta, copias de cheques, recibos de pagos de impuestos de transferencia de la propiedad inmobiliaria, así como “cualquier documento que le solicite el Estado, para justificar el derecho de propiedad”, según el reportaje de Diario Libre.
