Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Aunque el expresidente Leonel Fernández se ha constituido en el principal dirigente político que critica el acuerdo de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, existe ya una legislación para la protección a las víctimas de trata de personas, aunque la misma no establece los elementos contenidos en la nueva disposición que han dado lugar a la reacción contraria de diversos sectores nacionales.
El acuerdo al que hace mención fue promulgada por el propio Fernández en el año 2006, la que establece acciones de protección y asistencia para las víctimas, algunas que también han sido criticadas en el actual proyecto sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el 12 de diciembre de 2022.
La legislación es parte de una serie de compromisos internacionales que asumió el gobierno dominicano al suscribir la Convención de Palermo, según una información publicada en el periódico virtual Acento.
En el texto se indica que algunos de los puntos que se han cuestionado y ligado a la “acogida de inmigrantes ilegales”, están contenidos en la ley del 2006, entre los que cita brindar oportunidades de empleo, educación, capacitación, asistencia médica y alojamiento.
El líder del Partido Fuerza del Pueblo (FP), insistió en que el citado acuerdo, el cual será retirado por instrucción del presidente Luis Abinader, para lograr el consenso público necesario, “es una violación al derecho de los dominicanos y más porque existe ya un acuerdo ”.
En su artículo 6 de esa legislación se precisa que cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas.
Agrega que cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, a los acogidos se les suplirá de varios servicios.
De manera específica, alojamiento adecuado; asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender.
También, establece ofrecer asistencia médica, psicológica y material, y oportunidades de empleo, educación y capacitación.
Respecto a la permanencia temporal, sostiene en su artículo 7 que “cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas, que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda”
Como una forma de acallar las críticas, el presidente Abinader instruyó al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, retirar el proyecto depositado en el Senado, aunque estableciendo su reintroducción en un plazo no mayor a los 45 días.
Asimismo, ha reiterado que no aceptará ningún acuerdo o norma que “convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití”.
