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Ven creciente la dependencia de la economía nacional a estímulos fiscales y monetarios del Estado

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La economía dominicana muestra signos claros de una creciente dependencia del gasto público y de los estímulos monetarios para sostener su ritmo de crecimiento, según ha alertado el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

De acuerdo con el organismo, durante la última década el gasto público del gobierno pasó de representar el 16.2% del producto interno bruto (PIB) al 19.4%, “lo que significa que el año pasado el Estado concentró casi una quinta parte del total de la economía”.

Indicó que esa expansión del gasto, “no es neutra, porque implica un aumento en la presión fiscal, ya que lo que se gasta hoy se paga con impuestos actuales o futuros, generando una mayor carga sobre los bolsillos de hogares y empresas”.

Mientras, en el ámbito monetario, resaltó que los estímulos también se han intensificado, recordando que el año 2021 “apenas representaban el 0.5% del PIB, pero en 2023 subieron al 3.0%”.

Añadió que el año pasado llegaron al 3.5%, a través de mecanismos como la liberación de encaje legal, facilidades de liquidez rápida y redenciones de títulos del Banco Central.

Durante 2024, las autoridades anunciaron nuevas facilidades monetarias de RD$81,000 millones, a los que se sumaron redenciones de títulos por otros RD$28,000 millones entre mayo y junio, alcanzando un total superior a los RD$109,000 millones, equivalentes al 1.5% del PIB estimado para 2025, según datos recopilados por el CREES.

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El centro de pensamiento económico advierte que uno de los principales problemas de estas prácticas fiscales y monetarias es su progresiva ineficacia, por lo que se necesitan cada vez más recursos para generar el mismo crecimiento económico.

Mientras, los agentes económicos aprenden a anticipar los ciclos de expansión y contracción, generando volatilidad en el mercado cambiario y reduciendo la efectividad de la política monetaria.

Ante esta realidad, el CREES plantea la necesidad urgente de transformar el entorno económico para hacerlo más libre y competitivo, eliminando barreras regulatorias y facilitando la innovación y el emprendimiento sin depender de políticas dirigidas.

Asimismo, recomienda una política fiscal orientada al equilibrio mediante una reducción del gasto público, junto con una reforma tributaria que combine tasas más bajas con bases más amplias, facilitando su administración tanto para el Estado como para los contribuyentes.

En materia monetaria, considera esencial avanzar hacia un esquema que garantice mayor estabilidad y previsibilidad, evitando la continua necesidad de intervenciones de emergencia que distorsionan el funcionamiento del mercado y perpetúan la dependencia estructural del crecimiento económico a los estímulos estatales.

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