Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El economista Miguel Collado Franco, vicepresidente ejecutivo del CREES, afirmó que las expectativas inflacionarias globales son un factor clave en esta dinámica, por lo que los inversores demandan mayor rendimiento, al ver el riesgo que todavía existe para mantener su retorno.
Sostuvo que según el Corporate Finance Institute, el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), desarrollado por J.P. Morgan, es una herramienta esencial para evaluar estos riesgos, al medir la diferencia entre los rendimientos de bonos soberanos y los de referencia en mercados desarrollados.
El economista subrayó la importancia del EMBI, que es el que mide el riesgo soberano, comparando los rendimientos de los bonos de países emergentes con los de bonos estadounidenses considerados de bajo riesgo.
Resaltó que según datos del Banco Central, el EMBI para el país se redujo un 5.9% entre enero de 2024 y enero de 2025, un avance, aunque menor al promedio global, que bajó a 13.5%.
Indicó que el incremento de los rendimientos tiene implicaciones directas para el costo de financiamiento internacional.
De su lado, el economista Luis Manuel Piantini señaló que este aumento “representa un costo financiero mayor en dólares, lo que debería propiciar en el gobierno una reducción en el déficit público y más colocación de valores en el mercado doméstico para disminuir el riesgo cambiario”.
Sin embargo, estas medidas deben complementarse con estrategias más amplias para asegurar la sostenibilidad fiscal.
En ese sentido Collado Franco argumentó que la disciplina fiscal es la única vía efectiva para mitigar los efectos del encarecimiento de la deuda, “porque implica controlar el gasto público, evitando medidas que puedan frenar la economía, como incrementos tributarios excesivos”.
El experto propuso eliminar el segundo párrafo del Artículo 5 de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, que permite flexibilizar las reglas de control de gasto en caso de incrementos de ingresos fiscales.
Dijo que esa disposición debilita la credibilidad fiscal al permitir ajustes discrecionales en la regla de gasto, resaltando que más allá de la disciplina fiscal, “se requieren reformas estructurales para mejorar la competitividad”.
