Suspendido procurador adjunto Henry Cerda le cobra a Miriam Germán “una deuda” de sus antecesores
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La intimación de un ex procurador adjunto a la Procuraduría General de la República para que dé cumplimiento a una sentencia en su favor del Tribunal Constitucional (TC), que dispuso su reintegro, así como el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo suspendido, representa un conflicto de gestiones pasadas, a solucionar por la titular Miriam Germán Brito.
La situación que afecta al suspendido procurador adjunto Henry Cerda data del 2012, año desde el que han pasado titulares. Se trata de casi nueve años de la sentencia.
En el año 2012 hubo un cambio de gestión y pasaron por el cargo Radhamés Jiménez Peña, Francisco Domínguez Brito y Jean Alain Rodríguez Sánchez, este último a partir del 2016.
La intimación hecha a la Procuradora Miriam Germán Brito, mediante acto 186-2021 de este miércoles, por la ministerial Saturnina Franco García, alguacil ordinaria del Tribunal Superior Administrativo (TSA) a requerimiento el ex procurador adjunto, pone a pensar el por qué justo ahora en esta gestión es que Cerda reclama.
El documento explica que, primero el Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló a su favor una acción de amparo y en su decisión estableció que la Procuraduría no agotó el debido proceso legal y constitucional vigente al momento de desvincular de su cargo al procurador adjunto, lo que fue recurrido por el Ministerio Público.
Sin embargo, Cerda explica que en diciembre del 2012, el TC rechazó la apelación del Ministerio Público y acogió la acción de amparo interpuesta por él en contra de la Procuraduría General de la República y hasta la fecha no le han dado cumplimiento a la misma.
Indicó que, aunque no está interesado en el reintegro, está solicitando que, de forma inmediata, se le paguen sus prestaciones dejadas de percibir desde su suspensión (2012), las cuales calcula en RD$25 millones.
En su sentencia el TC estableció que Cerda fue víctima de “la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad, a la libertad, al trabajo y a la igualdad”.
