Revelan casi terminado cuatrienio, aun 18 funcionarios se hacen los “chivos locos” y no declaran patrimonio
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: A sólo siete meses de que termine el mandato del presidente Luis Abinader, todavía 18 de los funcionarios que él designó se mantienen violando la Ley 311-14 al no realizar su declaración jurada de patrimonio.
Como si tuvieran algo que esconder, 18 funcionarios de Abinader han ignorado y violado la ley durante años y permanecido en sus cargos sin sanción alguna, teniendo solo un pequeño grupo de ellos una breve suspensión de sus salarios, durante el año 2020.
A pesar de su constante discurso de transparencia, cambio y “anticorrupción” que ha impulsado Abinader durante todo su mandato, varios de sus funcionarios han evitado seguir su línea y actuar al margen de la ley.
La Cámara de Cuentas, en su último listado de funcionarios nombrados por decretos y otras designaciones que no han presentado su declaración jurada de patrimonio, detalla que hasta noviembre del 2023 hay varios presidentes de entidades, miembros de consejos, gobernadores, directores y hasta un cónsul del actual tren gubernamental, que no han depositado los documentos correspondientes.
Sumado a esto, la Cámara de Cuentas también ofrece un portal de consulta de DJP, donde fueron buscados los nombres de los funcionarios incumplidores, no apareciendo registro alguno.
La mayor cantidad de funcionarios que no han reportado su patrimonio, son del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd); el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), todos ocupando el cargo de “miembro” del Consejo que tienen esas entidades.
Además, del Consejo de la Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo (Corphotel); el acueducto y alcantarillado de Monseñor Nouel; la Dirección General de Ganadería; Centro de Atención Integral para la Discapacidad (Caid) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
También, del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias.
Se recuerda que en el mes de noviembre del 2020, el Poder Ejecutivo anunció que, de manera provisional, suspendió a 36 funcionarios por no presentar en el plazo de ley sus declaraciones juradas de patrimonio.
No obstante, el decreto no establece sanción alguna a los funcionarios que no hicieran su declaración jurada tras la publicación de la comunicación, salvo la “suspensión temporal”, la cual también era ambigua al no especificar tiempo alguno.
