Resurge el “confuso” caso alquiler-compra edificio del MICM; SCJ retiene expediente por corrupción
Por Abel Reynoso
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El confuso expediente de alquiler-compra del edificio que aloja el Ministerio de Industria y Comercio, aflora nuevamente como un caso de corrupción no resuelto, en el cual están envueltos cerca de mil 500 millones de pesos.
Al mismo tiempo, el escándalo salpica a la Suprema Corte de Justicia, de cuyo presidente, Luis Henry Molina, se afirma tiene retenido un expediente que varios abogados presentaron en virtud de la sentencia 0362-2019 en la que el Tribunal Constitucional reconoció la facultad de la acción ciudadana contra los funcionarios públicos.
La iniciativa penal encaminada por los accionantes se produjo debido a que en el expediente está involucrado Nelson Toca Simó, quien al momento, como incumbente del MICM, gozaba del privilegio de jurisdicción, y ante lo que afirman inacción de la anterior directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.
Los accionantes quieren que Molina se desprenda del expediente para encaminarlo a la PEPCA, aprovechando la nueva gestión a cargo del magistrado Wilson Camacho.
La operación
Fue durante la gestión de Temístocles Montás en el MICM, cuando el 24 de enero de 2017 se firmó, sin licitación, con el Banco de Reservas, un contrato de arrendamiento con opción a compra del edificio donde actualmente funciona la sede del organismo.
La suma involucrada fue de US$31.0 millones, equivalentes a RD$1,464,750,000 a la tasa de ese momento, por Montás, con el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo y el subadministrador de Negocios Gubernamentales, José Manuel Guzmán Ibarra.
El contrato comercial consignó que tendría una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036, estipulando una cuota mensual de RD$24.0 millones.
Conforme al portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), en sus archivos no se registra ninguna licitación para la compra del inmueble, localizado en la avenida 27 de Febrero, del céntrico sector Bella Vista, Distrito Nacional.
Al ser consultado por el matutino Diario Libre, que publica un amplio reportaje sobre el sonado caso, el director Administrativo del MICM, José Ramón Cerda, éste consideró que en la operación se violó la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado.
En torno a este expediente varios ex funcionarios han sido citados como actuantes, surgiendo entre ellos divergencias que aún se ventilan en los tribunales.
El Banco de Reservas adquirió el inmueble luego de que su Consejo de Directores, mediante la cuarta Resolución de la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2016, tras la cual pagó los ya citados US$31 millones.
Luego de la firma del contrato, la entidad bancaria estatal entregó al MICM US$2.0 millones para las adecuaciones que requiriera el edificio, el que fue ocupado por la institución el 17 de enero de 2017.
Negocio nebuloso
En una parte del reportaje publicado este jueves por el cotidiano se consigna que “el contrato es confuso como instrumento legal”, pariendo de que en inicio del contrato se establece que se trata de un “alquiler con opción a compra”, pero más adelante plantea la figura del “arrendamiento financiero”.
“Es una especie de leasing financiero mediante el cual pagas para arrendar un inmueble y de esas cuotas queda una parte que se abona para la compra”, por lo que se encuentra bajo investigación.
Refiere también que un estimado de cuánto costaba el metro cuadrado de construcción en Bella Vista para la fecha de la negociación, “el metro cuadrado de construcción rondaba los US$1,200 y US$800”.
“A ese estimado”, añade la publicación, “entre terreno y construcción, el costo de la edificación habría sido de US$26.0, aproximadamente”, pero el Banco lo compró en US$31.0 millones.
Resalta también que el ministerio paga una mensualidad que es el doble de lo que pagaría una edificación en similares condiciones en el polígono central del Distrito Nacional.
Conflicto judicial
La nebulosa operación ha generado un conflicto judicial entre los desarrolladores de la edificación, ya que uno de los financiadores del proyecto, el actual senador Carlos Gómez, alega haber sido estafado por sus socios.
Gómez sometió a la justicia a los ingenieros Freddy Pérez, Ramón Andújar y Publio Silfa Valencia, un expediente que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, también tiene engavetado, conforme la denuncia del empresario y legislador.
