Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La detención de una persona por supuestamente comprar cédulas durante las elecciones municipales dada a conocer por el Ministerio Público crea un precedente en esos procesos en los cuales siempre se ha alegado ese tipo de acciones, pero sin consecuencias.
Al efecto, la Procuraduría para Delitos Electorales informó la detención en la ciudad de Nagua de otro hombre supuestamente vinculado con la compra de cédulas durante las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero.
En un comunicado de prensa, se indica que el imputado fue identificado como Eliezer de los Santos, de 29 años de edad, quien habría sido sorprendido el día de los comicios con varias cédulas de identidad y electoral, así como RD$41,000 en efectivo.
El decomiso de los documentos personales y el dinero estuvo a cargo de miembros de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales y de la Policía, que se encontraban de servicio en la zona.
Su arresto se produjo mediante la orden judicial emitida por la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción, tribunal al que será presentado en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción.
La orden de arresto se fundamentó en que el imputado violó la Ley Orgánica del Régimen Electoral en perjuicio del Estado dominicano, pero no establece a nombre de qué partido político realizaba la acción delictiva.
El procurador electoral Iván Féliz Vargas dijo que continúan avanzando con la investigación de esos casos detectados en todo el país, indicando que quien resulte involucrado mediante las evidencias obtenidas será sometido a la justicia para que responda en los tribunales por los hechos imputados.
El Ministerio Público había imputado la pasada el imputado a Jefri Alexander da Rosa, también vinculado con la compra de cédulas en la provincia Santiago, fue sometido a la justicia y recibió la imposición de medida de coerción.
En ese sentido, el órgano persecutor sostuvo que quienes incurren en ese delito pueden recibir penas de uno a tres años de prisión y multa de cinco a diez salarios mínimos del sector público.
