Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La presencia este jueves de la ex vicepresidente Milagros Ortiz Bosch en la presentación de una querella por el escandaloso caso de 11,500 millones de pesos en asfalto manejados de forma irregular en Obras Públicas, apunta a que el Gobierno ha asumido con seriedad enfrentar la corrupción en la administración de Danilo Medina.
No sólo en su calidad de directora de Ética e Integridad Gubernamental sino por su condición política, el hecho de que Ortiz Bosch encabezara el depósito de la querella contra Gonzalo Castillo por ante la Procuraduría General de la República, ha sido visto en corrillos políticos y judiciales como una señal clara de que el Gobierno de Luis Abinader tiene la determinación de enfrentar los hechos dolosos supuestamente cometidos en la gestión pasada.
Ortiz Bosch acudió este jueves junto al director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, a depositar en la PGR los documentos relativos a la compra “irregular” de 11,500 millones en hormigón asfáltico caliente a empresas preseleccionadas sin licitación.
Ortiz Bosch, en declaración a la prensa, dijo que “viendo los documentos encontramos que no había condiciones para recomendar archivo, como había sido inicialmente sugerido”.
Expresó que con la entrega de los documentos no están inventado nada, “estamos viendo la aplicación de la ley, de las normas, como se establece para ser más transparentes”.
“Había una parte que era nuestra, pero que luego hay que pasarlo a la justicia, porque queremos siempre el debido proceso, que aparezcan las consecuencias del que no actúe bien y el descargo del que procede adecuadamente dentro de la ley”, dijo.
Y Agregó: “Lo que hemos hecho es simplemente un ejercicio de derecho, colocar en mano una investigación de justicia, lo que es instrumento que tiene la sociedad para profundizar más los aspectos, que nosotros podríamos haber hecho, pero no somos la justicia, hemos venido a esta casa con esta convicción”.
El expediente entregado para que fuera remitido al director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), magistrado Wilson Camacho, recién designado en el cargo y a quien se le asignaron recursos humanos extraordinarios al pasar de seis a 25 fiscales y la próxima contratación de expertos contables, financistas e informáticos, según anunció la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
Además de ese reforzamiento, Germán Brito dotó de otros 15 fiscales asignados a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que dirige la magistrada Yeni Berenice Reynoso y que también darán asistencia al departamento anticorrupción.
Este es el primer expediente de grueso calibre que cae en manos de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
La Procuraduría Especializada tendrá la responsabilidad de profundizar las investigaciones sobre este hecho que ha sido calificado como práctica de corrupción administrativa del pasado Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El escándalo del asfalto en la gestión del ex candidato presidencial del PLD fue descubierto por una investigación realizada por el programa El Informe con Alicia Ortega, donde la periodista reveló que la firma de Castillo, entonces ministro de Obras Públicas, fue la que aprobó siete procesos de compras de excepción para hormigón asfáltico caliente (HAC), a casi 40 empresas preseleccionadas y contratadas casi todas por 300 millones de pesos, para un total de más de RD$11,500 millones entre abril y septiembre del 2019.
Estos contratos fueron presuntamente para asfaltar calles de Higüey, La Romana, Villa Consuelo, Constanza, Azua y otros municipios, aunque el lugar de destino era la sede del Ministerio de Obras Públicas, en la capital, cuyas instalaciones no están habilitadas para almacenar dicho material, conforme se determinó.
Según la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones, el procedimiento de excepción solo se aplica cuando hay muy pocos suplidores de bienes y servicios, a quienes la institución contratante debe tratar con igualdad.
Sin embargo, se pudo comprobar al momento de la asignación había más de 45 empresas que suplen HAC, lo que evidencia que fue irregular hacer contratos de “exclusividad” como se hizo en momentos en que Castillo buscaba la nominación presidencial del PLD, la que obtuvo en las primarias del seis de octubre, aún bajo cuestionamiento de legitimidad.
