Observan cómo los hombres de mayor confianza de Jean Alain son quienes más lo están hundiendo
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: A medida que se acerca el final del entramado conocido como Operación Medusa, cuyo principal acusado es el anterior procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, más se agrava la situación de este último, según Diario Libre.
En ese sentido, el medio informativo recoge las declaraciones del exdirector Administrativo del Ministerio Público (MP), Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en las que admitió días antes los cargos de soborno y extorsión a los contratistas seleccionados en licitaciones irregulares.
A estas se suman las del exjefe de Gabinete, Rafael Steffano Canó Sacco, testigo estrella del órgano persecutor, contra el ex funcionario judicial, siendo el declarante el segundo señalado más importante de la carpeta acusatoria contra quien no se presentan cargos porque es utilizado como testigo en el caso de corrupción.
El expediente Medusa describe que Rodríguez Sánchez era la cabeza de la red, Canó Sacco le seguía y en tercer lugar quedaba Imbert Rodríguez, este último, designado como el puente entre las empresas a las que se les ofrecían las licitaciones irregulares del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
«La estrategia de entrega de los pagos indebidos, llegando hasta el chantaje, se dividió en tres responsables dentro de la estructura delictiva encabezada por los citados tres principales acusados», narra una parte del texto de las más de 12,000 páginas que contiene la acusación.
El diario refiere que las últimas informaciones que se tienen sobre Canó Sacco, quien se fugó del país inmediatamente se inició la persecución a la supuesta trama contra el Estado, es que fue detenido en el 2021 en España.
El exfuncionario es citado como responsable de uno de los testimonios claves contra el exprocurador general de la República.
«Con el testimonio de Canó Sacco, también probamos que el acusado Rodríguez Sánchez dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública”, cita la acusación.
De igual manera hace referencia al Plan de Humanización, del que asegura “usó la institución (la Procuraduría General) y sus fondos como capital para su campaña política, de cara a sus aspiraciones presidenciales (de Jean Alain».
Sobre los sobornos de un 20% que se solicitaban a los empresarios para ser beneficiados con las contratas, el exdirector Administrativo afirmó el pasado martes ante el juez Amauri Martínez, que se entregaban en las «oficinas o casas» de Canó Sacco y de Jean Alain, «mientras otros se los entregaba directamente a ellos, para la formación y gastos del movimiento político Renovación», del exprocurador.
El juicio preliminar de Operación Medusa, es conocido en el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, contra 23 personas físicas y jurídicas, del total de las 63, que ya han arribado a acuerdos con la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), proponiendo al juez un juicio penal abreviado, penas suspendidas y devolviendo bienes al erario público.
Aunque Rodríguez Imbert admitió su culpabilidad de «soborno, extorsión, chantaje y amenazas», por «instrucción» de sus «superiores Canó y Rodríguez Sánchez», dijo, junto a su abogada, Ingrid Hidalgo, que está de acuerdo en que se dicte auto de apertura a juicio de fondo para someterse a un contrainterrogatorio con las «partes que así lo quieran realizar».
Diario Libre destaca el hecho de que los dos ex funcionarios más cercanos del ex procurador eran de sus «principales colaboradores» también en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), cuando le tocó dirigir esa entidad y desde donde los llevó «a la Procuraduría General.
El Consejo de Defensa de Rodríguez Sánchez, que había reaccionado a las declaraciones de culpabilidad de los demás imputados, alegando que lo eximían de responsabilidad y «no lo conocen en forma alguna», no han hecho lo mismo tras la delación de Rodríguez Imbert.
Primero fue César Nicolás Rizik Pimentel y, el pasado martes 26 de marzo, José Miguel Estrada Jackson, ambos citados en Operación Medusa como los dueños reales de diez empresas, que tienen, a nivel de composición societaria, socios diferentes o prestanombres, quienes admitieron los cargos que les hace la Pepca.
Los exfuncionarios y contratistas mencionados en el caso de corrupción que asciende a más de RD$6,000 millones, son acusados de sobornos, prevaricación, asociación de malhechores y estafa.
