Colaboración/elCorreo.do.
PERSPECTIVA: La modernidad líquida, como llama el filósofo polaco Zygmunt Bauman al mundo actual, motoriza unos cambios tan bruscos en la sociedad que deja en la obsolescencia a cualquier persona o colectividad. Es lo que parece amenazar a la históricamente aguerrida Asociación Dominicana de Profesores (ADP), con el rechazo recibido por parte de entidades no gubernamentales por su oposición a la apertura de clases presenciales en las escuelas con el pretexto del aumento de contagios por Covid-19, la pandemia que ha sacudido a todo el mundo, incluida la República Dominicana.
Ocurre que rara vez se había visto la ADP, desde su creación en 1970, enfrentada a otra entidad que no fuera la Secretaría o el Ministerio de Educación, empleador de los miembros del gremio. Ahora, el organismo oficial que rige la enseñanza no ha tenido que pelear con los dirigentes gremiales, ante quienes se ha mostrado abierto al diálogo, ya que de eso se encargaron la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de la Escuela (Apmae), el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y las grandes mayorías que se expresan en las redes sociales.
Jaime Tolentino, presidente de la Apmae, advirtió que si no retiran el llamado a sus miembros a no ir presencial a las aulas, ADP podría ser llevada a los tribunales y lamentó que la organización “sigue persistiendo con la absurda y deplorable actitud”.
“Es enorme el daño que el señor Eduardo Hidalgo y el interés en que las escuelas sean cerradas”, dijo Tolentino, refiriéndose al presidente de la ADP, y refirió que países que comparten la realidad socio-económica dominicana tienen la “determinación” de abrir las escuelas, como resultado del consenso entre los sectores que prestan este servicio público y las autoridades encargadas de garantizar la salud pública.
De su lado Senén Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), con la ironía y el sarcasmo que les son característicos, se preguntó ante diferentes medios de comunicación si fue en los denominados “teteos” populares que más de 10,000 educadores fueron contagiados de covid-19 o de la influenza, datos enarbolados por la ADP.
“Es un número verdaderamente impresionante, lo que debe preguntarse la población es si esos diez mil se contagiaron dando clases o si lo hicieron en teteos”, expresó el facultativo.
Caba ha dicho desde el llamado de los dirigentes gremiales a no acudir a las clases presenciales, que los niños están más seguros en las escuelas que en las casas, al tiempo que señaló que los profesores no son médicos ni científicos para hacer recomendaciones sanitarias.
Otro cañón enfilado hacia la ADP fue el de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) recordándole que ya los tribunales han fallado en su contra por afectar el derecho constitucional a la enseñanza.
Ciertamente, en el año 2017, la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona, ordenó a la seccional de la ADP en esa provincia levantar en lo inmediato la suspensión de la docencia que empezó el 16 de enero de ese año.
“La ADP se ha arrogado “una función institucional que no le corresponde, al desconocer las decisiones de los órganos e instituciones que por mandato constitucional y legal están llamados a regular y adoptar las medidas que se requieran para asegurar el normal funcionamiento de la vida nacional”, indicó Finjus en un comunicado.
Probablemente se ha creado un precedente en el que el Ministerio de Educación no ha tenido que defenderse ante la ADP, debido a que el gremio se ha quedado solo en una posición frente a la sociedad.
La Finjus señala que la ADP es “el único sector” que se resiste a la vuelta hacia la normalidad cuando “otros sectores de naturaleza similar lo han hecho en las actuales circunstancias, adoptando las necesarias medidas de prevención”.
Indica que de acuerdo a los datos oficiales, el sector magisterial ha sido privilegiado en los programas de vacunación y en la implementación de los protocolos sanitarios de lugar. “Por tanto”, “no resulta razonable, desde una perspectiva colectiva e intergeneracional, adoptar las medidas que ha puesto en práctica la ADP, cuyo impacto desfavorable gravitará sobre la educación dominicana”.
No hay dudas que la dirigencia del gremio que agrupa a los profesores debiera someterse a un proceso de evaluación y autocrítica, debido a que el rechazo cosechado por su postura ante la población demuestra que se ha quedado rezagado frente a las nuevas realidades que vive la sociedad en esta modernidad líquida. Y que conste, no se ha escuchado la opinión de los padres en las comunidades empobrecidas que se economizan los desayunos y los almuerzos de los hijos con la clase presencial.
