Panorama

¿Llegarán hasta las últimas consecuencias las promesas anti corrupción del presidente Abinader?

Por Juan Acosta R.

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Conforme al informe elaborado el pasado 2020 por la entidad Transparencia Internacional (TI), la República Dominicana sigue entre los países con más altos niveles de corrupción del mundo, con una puntuación de 28 sobre 100 y ocupando el lugar 137 de 180 naciones analizadas.

El Sumo Pontífice, Francisco, se ha referido al tema definiendo las mafias como “estructuras de pecado”, denunciando que éstas se encuentran en todos los rincones del mundo.

El presidente Luis Abinader también ha sido directo en torno a la corrupción, al afirmar que “aquí no se protege a nadie, este Gobierno no protege a nadie. Yo lo dije hace mucho tiempo “yo tengo amigos, pero no cómplices”.

Pero parece que muchos funcionarios no lo han entendido, tal vez porque hace casi nueve meses (el 20 de septiembre de 2020) los medios de comunicación se hicieron eco de la venta o negociación de nombramientos en el Ministerio de Salud Pública.

Hasta ahora, que se sepa, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) haya dado a conocer los resultados de la investigación a la que se comprometió.

El único dato dado entonces por las autoridades de Salud fue que esa modalidad de corrupción era “una práctica vieja incrustada en el mismo Departamento de Recursos Humanos”, cuyo titular fue suspendido en sus funciones.

El presunto acuerdo consistía en que el beneficiado tendría que entregar al responsable de su nombramiento entre 30 y 50 mil pesos.

Si se trataba de empleos de otra categoría, la cuota variaba, pero no menor de 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos, así como la otra modalidad consiste en la entrega del primer salario completo.

El anuncio

A través de su cuenta de Twitter el entonces ministro de Salud, Plutarco Arias, confirmó que un empleado fue suspendido de sus labores, luego de presuntamente cometer actos de corrupción dentro del organismo.

El doctor Arias no quiso revelar el nombre de la persona suspendida y enviada a la comisión de ética porque, argumentando que se trataba de una denuncia y se debía esperar que concluyan las investigaciones para confirmar o no su veracidad.

Dijo haber recibido la denuncia “de un hombre en un pasillo del Ministerio”, y que por ese rumor público, decidió suspender al funcionario y pasar el caso al organismo correspondiente, para investigar.

“Nosotros estaremos apegados a la transpa­rencia, por lo que quien haga su travesura debe pagar”, señaló el funcionario.

La Digeig

En tanto, la Digeig informó que la suspensión del funcionario ignoto de Salud Pública se debió a que este “presuntamente tramitaba empleos a cambio de dinero” y que asumirán la investigación del caso.

“Cumpliendo con lo es­tablecido en el artículo 6 numeral 22 del Decreto No. 486-12, asume de oficio la investigación del caso, que de ser confirmada la ocurrencia de hechos que transgredan el régimen ético, disciplinario, y el ordenamiento penal procurará, que los que resultaren implicados, además de las sanciones administrativas sean el sometidos ante el Ministerio Publico”, estableció la entidad.

Lo dijo Rodríguez Monegro

Conforme a las explicaciones ofrecidas por el ex director del Servicio Nacional de Salud, doctor Nelson Ro­dríguez Monegro, la confidencialidad con que se manejaba o maneja esa variable de indelicadeza, se afirma que muchas veces los Ministros ni se enteran que  firman el nombramiento de una persona desconocida para él.

También se produce la otra cara de la moneda, en el sentido de que él titular del cargo envía la orden de oficializar la designación de una persona que entiende capaz y de su confianza, ésta nunca es colocada en el cargo.

Algunas veces la osadía ha llegado tan lejos que si se recibía la promoción de una posición a otra con mayor sueldo, el favorecido puede hasta recibir una carta de cancelación, para colocar “otro comprador de posición” o dejarlo en nómina y los corruptos retirar esos fondos.

Como ahora la modalidad de pago es el depósito en cuentas bancarias, los complotados simplemente se sustituyen el número de éstas por otros involucrados.

El doctor Rodríguez Monegro también reveló que ese tipo de irregularidad lo había denunciado 2006, proponiendo en varias ocasiones que se reestructurara por completo el Departamento o Gerencia de Recursos Humanos, donde reiteró “tiene su base ese acto inescrupuloso”.

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Explica que, si bien los Ministros de turno no están involucrados, ese engranaje funciona con la complicidad de mucha gente, por lo que no le extraña que la persona suspendida por la actual administración encontrara el esquema y se “engan­chó” de inmediato en esa plataforma.

Muchos otros casos más

Ante el aparente “archivamiento” del caso Salud Pública, han surgido a borbotones otras denuncias de presuntos actos de corrupción en diferentes instituciones públicas.

En la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) del Ministerio de Salud Pública, se denunció la existencia de pactos económicos con distribuidores que no tenían registro sanitario, permitiendo que llegara a la población productos adulterados y con defectos de fabricación.

Por el caso fue cancelada la directora de la Digemaps, Carolina Díaz Espinosa y otros técnicos, luego de que en el programa Nuria Investigación Periodística, se denunciara las irregularidades en la aprobación de registros sanitarios.

Lotería Nacional

En la Lotería Nacional también han sonado varios casos, los cuales son investigados por la Procuraduría General de la República, como la falsificación, en enero pasado, del boleto ganador del primer premio del sorteo “el extraordinario de Navidad”, atribuido al empleado de la institución Raúl Antonio Lara.

Se le impuso tres meses de prisión preventiva en el Centro Correccional Najayo Hombres como medida de coerción. Se ignora si sigue preso o en libertad.

El otro y más sonado es el relacionado con la supuesta mafia que manipulaba el sorteo de números, luego de que el pasado primero de mayo fue colocado de manera fraudulenta como ganador del primer premio, el número 13. Las bancas afirmaron haber sido estafadas con más de 150 millones de pesos.

La PGR interrogó al no vidente, Miguel Mejía y a la locutora Valentina Rosario Cruz y por ser las personas ejecutoras directas del fraude. El primero sacó su mano vacía, simuló haberle pasado el bolo a la segunda, que previamente tenía en su mano izquierda el número ganador.

Interior y Policía

En el ministro de Interior y Policía, su titular Jesús (Chú) Vásquez Martínez, denunció que el pasado año en el viceministerio de Regulación de Armas y Municiones operaba una mafia, situación que provocó el cierre y exclusión de 52 empleados.

Agregó que allí además se habrían cometido acciones ilícitas en la venta de servicios, tráfico de influencias, extorsión, sustracción de expedientes y expediciones de carnet con datos falsificados, son algunas de las irregularidades.

Portuaria

Otro caso denunciado e investigado se produjo en la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), con el “supuesto” fraude millonario en la administración en la terminal portuaria de Puerto Plata, la cual involucró al menos a cinco empleados, provocando la renuncia de su gerente Freyla Rodríguez Pavón.

Operación Coral

Pero el que lleva las palmas, hasta ahora, es el identificado por el Ministerio Público como “Operación Coral”, un entramado de alegada corrupción cometida en los pasados gobiernos de Danilo Medina.

Este caso, según las revelaciones del mayor del Ejército, Raúl Girón, los desmanes “aún continúan sucediendo”, por lo que fue destituido el gerente financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta.

El expediente señala que a través del societario militar/policial/religioso, los involucrados, mayor general Adán Cáceres y el coronel Rafael Núñez de Aza, crearon una nómina falsa con salarios de montos entre 20 y 70 mil pesos.

Dicha nómina era dependiente del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el cual incluía a militares y policías. Ante estos señalamientos, el titular de este último organismo, General Juan Carlos Torres Robiou, puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader Corona.

La acusación precisa que la red adquirió decenas de bienes millonarios, entre estos, casas, apartamentos, autos lujosos, fincas, empresas, cuentas bancarias para colocar los activos distraídos.

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