Llama la atención inédito episodio judicial del Gobierno contra el Gobierno
Por Abel Reynoso
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Sin importar las consecuencias futuras, el Ministerio de Educación ha decidido reclamar su derecho a licitar los 752,000 dispositivos informáticos que serían utilizados en la comunidad escolar abriendo un inédito episodio judicial del Gobierno contra sí mismo.
En efecto, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) será apoderado de una demanda de Educación contra la revocación hecha por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), contra sus resoluciones para la adquisición de las citas unidades tecnológicas, las ha considera “desbordan” las competencias de dicho órgano.
Como parte de su estrategia de acción para anular la decisión del órgano regulador de compras en el sector del gobierno central, el ministerio educativo convocó el pasado 26 de julio a los suplidores que hace ocho meses ganaron 56 lotes en un procedimiento de excepción de urgencia, para adquirir los citados ordenadores.
La citada reunión fue convocada por la directora de Litigios de la Dirección Jurídica del Minerd, Enércida Cuevas Florentino, en la que participaron al menos 20 suplidores, que están impedidos de continuar con el proceso contratado.
El inconveniente se produjo por las decisiones de la DGCP de anular la adjudicación de casi todos los lotes de netbooks, laptops y tabletas que contrató el Minerd en diciembre de 2020 por RD$10,324.4 millones.
El encuentro fue dirigido por el abogado Juan Manuel Guerrero, quien junto al consultor jurídico del Minerd, Gilberto Sánchez Parra; Gilbert de la Cruz Álvarez y Julián Gómez Mencía, representan legalmente a la institución estatal ante el TSA, mediante el despacho de abogados Fermín & Guerrero.
El Minerd considera que la DGCP “se desbordó” en su competencia al ordenar en varias resoluciones la anulación de casi todos los 56 lotes.
Así lo asienta el ministerio en varias solicitudes de medida cautelar anticipada presentadas la pasada semana ante el TSA, para que se suspendan los efectos ejecutorios de las decisiones de Contrataciones Públicas, hasta tanto se decida un recurso contencioso-administrativo que interpondrá contra la referida actuación.
Se recordó que el 16 de noviembre último, el Minerd convocó a participar en el proceso de Excepción de Urgencia para la Adquisición de Dispositivos Tecnológicos para la Ejecución del Plan Nacional “Educación para todos preservando la salud”, año escolar 2020-2021, un periodo en el que la docencia fue a distancia por la pandemia del COVID-19.
Un mes después, mediante el acta 48-2020, aprobó la adjudicación de 56 lotes que sumaron 752,000 equipos para ser distribuidos entre profesores y estudiantes.
Pero el proceso de urgencia generó inconformidad en varias empresas y sus directivos impugnaron el acta de adjudicación. El Minerd rechazó varias de esas reclamaciones y, en consecuencia, los afectados acudieron a Contrataciones Públicas para que revisara dicha decisión como órgano rector.
Tras conocer los recursos jerárquicos presentados, la DGCP, en cuatro resoluciones adoptadas en junio pasado, ordenó la anulación de 45 lotes que comprenden 639,000 equipos adjudicados por un total de RD$9,354.9 millones.
En consecuencia, indicó que corresponde emitir un nuevo acto de adjudicación, con las modificaciones pertinentes, para ponderar las ofertas en los lotes correspondientes de las empresas recurrentes Aplex Security Solutions, Inversiones Hizamar, García Tejera & Asociados y Tenedora Gaboc.
El órgano rector determinó que, al margen de la ley, el Comité de Compras y Contrataciones del Minerd excluyó las ofertas de las dos primeras, y de las otras dos excluyó sus ofertas económicas.
El 7 y 15 de julio la DGCP también decidió sobre otros dos recursos jerárquicos presentados por las empresas Bright Billboards, S.R.L. y EPG Computadoras S.A., cuyas ofertas fueron descalificadas por el Comité de Compras del Minerd.
En la resolución sobre el caso de Bright Billboards, S.R.L., la DGCP confirma la nulidad de 14 lotes, y en la de EPG Computadoras S.A., ordena incluir su oferta económica en 20 lotes para emitir un nuevo acto de adjudicación.
Con esta se agregan seis lotes más a los 45 previamente anulados, lo que significa que las decisiones de la DGCP afectan a 51 de los 56 lotes adjudicados.
Según trascendió, durante el encuentro uno de los abogados externo contratados por el Minerd, explicó a los participantes el proceso judicial al que se abocaría el organismo, en el que los suplidores podrían entrar como una “intervención voluntaria” o pudieran ser llamados en una “intervención forzosa”.
Además, se reveló que luego de terminar la reunión, se habría decidido que fuera el ministerio el que accionara, “porque es una entidad de la administración pública peleando una pugna contra otra del mismo sector, en este caso la DGCP.
Se arguyó también, que siendo el Minerd el demandante y los suplidores los intervinientes, “sería una lucha de un interés general contra otro igual”, lo que ayudaría la causa de conseguir un dictamen favorable.
Un informante anónimo reveló que los suplidores presentes sugirieron la posibilidad de negociar con las empresas que impugnaron, “para resolver la situación en el más corto plazo posible”.
La idea se basaba en que las compañías han contraído compromisos económicos para adquirir los equipos que les fueron adjudicados en diciembre, y los procesos jurídicos tienden a extenderse hasta por años.
Sin embargo…
Sin embargo, de acuerdo a las informaciones suministradas a Diario Libre, el abogado Guerrero explicó que es difícil una negociación, a propósito de los actos administrativos por su propia esencia, que se presumen dictados conforme al derecho.
Recalcó que, como tienen personas quejándose por la decisión (del Comité de Compras del Minerd), estos volverían a quejarse de lo que pudiera surgir como un convenio y obtener nuevas causales de nulidades, incluso de mayor calidad que las que se han esgrimido.
Con los recursos elevados, los abogados buscan que se suspenda “inmediatamente” la decisión de la DGCP, y en ese tiempo empujar el cumplimiento del contrato y la ejecución por parte del contratista; y luego seguir con el recurso contencioso administrativo de anulación, que dura unos tres años, tiempo suficiente para “acomodar los cumplimientos”.
Siete peticiones
Se dijo que las solicitudes de medida cautelar que el Minerd se planteó presentar ante el TSA contra las resoluciones de Contrataciones Públicas serían en principio, al menos serían siete, de las cuales el cotidiano Diario Libre afirma tener copias.
Dichas peticiones corresponderían a medidas cautelares anticipadas, las que ya habrían sido depositadas el pasado 26 de julio por los abogados apoderados de la institución educativa.
Según ya es de conocimiento público, una es contra la resolución RIC-128-2021 del proceso de la compañía Aplex Security Solutions y la otra sobre la resolución RIC-131-2021 acerca del recurso jerárquico de la empresa Tenedora Gaboc.
En ambas peticiones el Minerd coincide en que Contrataciones Públicas “se extralimitó en su competencia” al emitir dichas resoluciones “en vista de que no solo se limitó a revisar la legalidad del acto administrativo recurrido en alzada».
También se agrega que se inmiscuye en cuestiones propias de la competencia del Minerd, llegando al punto de ordenar la realización de un nuevo acto de adjudicación”.
